El coste del "no" al referéndum

Según parece la primera propuesta de Carles Puigdemont de celebrar una sesión de debate en el Congreso sobre el referéndum ha quedado reducida a una moción presentada ayer por el PDeCat de que la Cámara admita la consulta. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya había advertido que el Parlamento no es lugar de conferencias y que, si Puigdemont presentaba la propuesta referendaria, la Cámara votaría. Votaría que no, innecesario recordarlo. El presidente de la Generalitat renunció a su comparecencia.

De una u otra forma, las dos cámaras parlamentarias españolas se han negado a escuchar las razones y propósitos del independentismo catalán. Hoy, además, el Congreso votará "no" por apabullante mayoría de más del 72 por ciento, aduciendo que el referéndum no busca diálogo sino fractura. 

Para diálogo, el que ha ofrecido el gobierno del PP en estos años: ninguno. Rajoy se ha visto varias veces con Mas primero y Puigdemont después, siempre para decir que "no" a todo. Finalmente abrió un periodo llamado pomposamente de "diálogo", para lo cual, envió a la vicepresidenta a Barcelona como plenipotenciaria para gestionar eso, un "diálogo". La gestión duró un par de meses y terminó con una sentencia de Sáenz de Santamaría de alto contenido teórico y doctrinal: no se puede estar tantos años con la matraca independentista. Basta de este rollo. El independentismo es una matraca y un rollo. Toma diálogo.

En cuanto a la fractura conviene recordar lo que es ya saber popular. Cada vez que hablan Rajoy o Sáenz de Santamaría sobre Cataluña hay mil independentistas más. Y no hablemos de un obstinado separador como García Margallo. Con él caen diez mil, como la Anábasis. 

El "no" del Parlamento afronta el escenario del "choque de trenes", esto es, una escalada del conflicto. Sin que nadie sepa qué dimensiones vaya este a tomar. El Estado, en principio, puede impedir la celebración del referéndum, pero tendrá que calibrar a qué coste y este es muy dificil de determinar porque a su vez depende de un imponderable: la voluntad política de la Generalitat de cumplir su mandato y el apoyo popular con que cuente en caso de represión. En los conflictos, al igual que en las guerras, se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. 

Y, en cualquier caso, impedir la celebración del referéndum abrirá un periodo indeterminado de ingobernabilidad en Cataluña y en España. Probablemente como lo haría su celebración. Pero en este caso el culpable no sería el sector negacionista.

Lo que chirría en la posición del Parlamento es el cierre de filas del PSOE con la derecha. El discurso del interés de Estado (tan caro a la derecha socialista) no obliga a que ese Estado haya de ser el de la oligarquía nacionalcatólica y ahora neoliberal. Los socialistas están obligados a dar carta de naturaleza a la cuestión catalana y hacer propuestas distintas de la derecha, consistente en mantener el estatu quo del agravio comparativo de Cataluña hasta el fin de los tiempos.

El PSOE trae en la mochila la famosa reforma federal de la Constitución. Probablemente es tarde, suena inverosímil y casi como un pretexto. Y lo es. Agárrese pues a él para marcar distancias con las medidas represivas del PP. El PSOE no puede aparecer como cómplice de unas soluciones autoritarias a problemas en cuya génesis no participó; al menos, no directamente. Por lo demás, la propuesta federal es irremediablemente extemporánea, dado que requiere un prolongado trámite de reforma, siendo así que en tres meses es obligado afrontar una situación de grave conflicto.

En verdad no se entiende por qué el PSOE no apoya la realización de un referéndum pactado, como hace Podemos. Teniendo además en cuenta que frustrar el deseo del 80 por ciento de la población catalana solo aumentará el respaldo al independentismo.   

El rollo de las provocaciones

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Versa sobre las medidas que viene tomando la Generalitat, y la vicepresidenta del gobierno considera provocaciones, dentro de una estrategia de "tensionar" la situación para mantener a la gente movilizada ya que el entusiasmo, según ella, decae. En realidad, lo que decae a ojos vista es la confianza que inspira el gobierno en todos sus actos, especialmente en los relativos a Cataluña, que son "no actos" o "actos de habla" arrogante e ignara, como ese de calificar de rollo el referéndum. 

Cuando un gobierno democrático solo puede usar la fuerza para resolver un problema planteado por el 80 por ciento de la población de un territorio algo no funciona. Y esa disfunción no va a ser fácilmente ignorada por Europa.

Aquí la versión castellana.

Provocaciones

La vicepresidenta de España y virreina de Cataluña ha comparecido en los Desayunos de TVE, convertida en némesis del independentismo catalán. El acto de apoyo a la convocatoria del referéndum le parece una “provocación”. Opina que el apoyo al referéndum y la independencia está descendiendo. En qué se basa es un misterio.

Al descender el apoyo social, sigue Sáenz de Santamaría, la Generalitat necesita tensionar la situación para mantener movilizadas a las bases. Y la verdad es que se movilizan bastante, a diferencia de las de la propia vicepresidenta, que apenas reúnen dos docenas de fieles agitando banderas bicolores por las calles vacías.

Pero la vicepresidenta es tajante y disipa toda duda: haga lo que haga la Generalitat, el referéndum no va a celebrarse. Y ¿cómo va a impedirlo el gobierno? Igualmente tajante en la respuesta, aunque esta plantea un problema de lógica que frisa en lo ridículo: ¿que qué se hará para impedir el referéndum? No caer en la trampa de la provocación, no dejarse arrastrar por ella, ni siquiera con la convocatoria de la consulta. Es decir, no piensa hacer nada. Es difícil impedir un referéndum no haciendo nada.

Y no sabiendo ni queriendo saber nada. Pide Sáenz de Santamaría a Puigdemont que acuda al Parlamento con su plan, lo someta a votación y se vuelva a su tierra con una mochila cargada de “noes”. Puigdemont rechaza presentar nada a votación. Quiere ir a explicar su política. Santamaría responde que el Congreso no es sitio para conferencias. Pues no vendría mal a sus señorías una información de primera mano, un briefing sobre algo acerca de lo que tienen que pronunciarse y normalmente no saben nada.

Aunque es una línea de no-acción, muy del gusto de Rajoy, que parece influido por cierto fatalismo hindú, es dudoso que pueda mantenerse a la larga frente a una Generalitat que lleva la iniciativa política hace ya tiempo, tiene una hoja de ruta claramente marcada y se considera legitimada por un mandato de la mayoría absoluta del Parlamento.

Está claro que la estrategia de la inacción se romperá favor de la acción represiva tan pronto la Generalitat o el Parlamento adopten una decisión que dé pie a ello. La proclamación de la fecha y la pregunta en el Pacto Nacional por el Referéndum, puede ser el comienzo. La Fiscalía ya habla de denunciarlas. El decreto de convocatoria o la decisión del Parlamento serán actos recurribles ante las instancias pertinentes y probablemente con vistas a iniciar procesos de inhabilitación.

Entre tanto, en el día a día de los preparativos del referéndum todos los actos de las administraciones públicas catalanas serán escudriñados al detalle en busca de algún posible ilícito dentro de la profusión de prohibiciones de consultas de ningún tipo en Cataluña y que permita paralizarlo. La administración central y la Fiscalía están dispuestas a obstaculizar cuanto puedan el referéndum.

Pero lo decisivo serán las medidas represivas que se tomen respecto a las autoridades gubernativas y parlamentarias de la Generalitat. Al respecto, el presidente de esta anuncia que no aceptará más inhabilitación que la del Parlamento, lo que deja fuera de juego el ordenamiento constitucional en el caso de su persona y, es de suponer, en el de Cataluña entera. Probablemente, esta negativa abrirá un intenso debate.

Pero tampoco será preciso llegar hasta él. A fines de mes o primeros de julio se presentará el proyecto de Ley de Transitoriedad que, a no dudarlo, el gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que lamenta por enésima vez que se suprimiera aquel bendito “control previo” que permitía bloquear leyes antes de su entrada en vigor. Y de recurso en recurso, el Estado acabará consiguiendo que el Parlamento catalán proclame una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Obviamente, el Estado no podrá entonces inhabilitar al presidente del gobierno de otro Estado.

La estrategia del gobierno es la confrontación al límite, dispuesto a utilizar todos los medios, incluida la fuerza. De esta dispone de una amplia gama pero, por modesta que sea la que emplee en Cataluña, siempre será superior a la de la Generalitat que solo cuenta con unos contingentes de policía y un apoyo social generalizado. Su fuerza radicará en el nivel simbólico de la resistencia.

De este modo quedará claro que, para hacer frente a lo que se considera el abuso de poder del Estado se necesita otro Estado. Ese casi 80 por ciento de catalanes partidarios de un referéndum ya saben que solo lo conseguirán siendo un Estado. La represión viene a dar la razón al independentismo. Suele pasar que el represor legitima al reprimido y lo ayuda a triunfar. Que este lo consiga finalmente depende ante todo de él. De su voluntad.

Recuerdo de la Argentina

Parece absurdo obstinarse en tratar la acción independentista, el "proceso", como un asunto de orden público, cosa de policía y tribunales, inhabilitaciones y procesamientos, y no como una crisis política constitucional del Estado que requiere soluciones políticas negociadas y pactadas, cual corresponde a la civilidad de nuestro tiempo. Pero a la vista está. Frente a la movilización permanente de la sociedad catalana dirigida por la Generalitat en la hoja de ruta, el Estado español sigue sin dar señales de vida salvo en los preparativos para coartar la acción del independentismo a través de los tribunales. Es decir, los preparativos de la acción represiva

Esa actitud puede provocar una escalada que encone el conflicto, según la que a su vez adopten las autoridades de la Generalitat en la vía de desobediencia al Estado. La movilización masiva en apoyo al gobierno catalán trata de legitimar la opción del referéndum tanto en Cataluña como en España y fuera de España. Tiene un valor testimonial. Pero el Estado no puede ignorar que es un testimonio de millones de personas, que su política de negación al diálogo y al referéndum frustra las esperanzas de cerca del 80 por ciento de los catalanes.

Y, sin embargo, lo ignora. Ostensiblemente. Lo de Cataluña es una "algarabía", según Rajoy. Una conspiración con ayuda de corruptos. Una extralimitación de funciones de la Generalitat que tendrá condigno castigo. Ahí es donde la derecha quiere llegar, a la confrontación, en la esperanza de que una crisis de tal magnitud tape el cenagal de corrupción en que chapotea. Cambiando lo que haya que cambiar, que no es mucho, esta actitud recuerda la del general Leopoldo Galtieri, uno de los sucesivos dictadores militares de los años 70 y 80 en la Argentina, cuando, para desviar la atención de la corrupción e ineptitud de su gobierno, invadió las Malvinas. A lo mejor se refería a esta similitud Guardiola cuando pedía ayuda frente a un Estado autoritario.  

Por eso no hay posibilidad de solución pactada. Al gobierno no le interesa; solo le interesa invadir las Malvinas catalanas para pasar de la página de tribunales a la de gestas por la gloria de la Patria. 

Estado de hostilidad

Hace unos días saltó la noticia de que un 77% de la población considera que Rajoy ha gestionado mal la "crisis catalana". Un exitazo. Cualquiera que obtenga ese resultado pedirá árnica a gritos. Menos Rajoy, a quien todo da igual. "No me consta ese 77 por ciento del que usted me habla". Urge un psicolingüista que explique los códigos de Rajoy.

Cierto que el 77 por ciento no será homogéneo. Habrá un porcentaje (seguramente minoritario) que criticará la falta de diálogo y el recurso a medidas intimidatorias, represivas, coercitivas, por no hablar de la presunta guerra sucia. Y habrá otro (sin duda mayoritario) que le repochará falta de contundencia, exceso de contemplaciones y diálogos, por no hablar de negligencias y abandonos en la defensa de los símbolos de la Patria.

En síntesis, hay dos modos de ver la "crisis catalana" (que, por lo demás, no es catalana, sino española) opuestos e inconciliables. Pero, con independencia de cuál nos caiga más simpático, estaremos de acuerdo en que lo que tenemos es un permanente estado de hostilidad mutua (aunque más poderosa la española) muy desgradable. Un estado de hostilidad no es un estado de excepción, aunque puede llegar a serlo. O lo contrario si las partes anteponen la cordura a las pasiones.

Ahora den a la tecla de retroceso y digan si no fue una muestra de irresponsabilidad colectiva pasar los últimos ocho o diez años (desde el proyecto de reforma del Estatuto de Sau hasta el reñidero actual) pretendiendo que en Cataluña no pasaba nada, ignorándolo, o considerándolo "algarabías" y que, por lo tanto, no había eso que ahora llaman "crisis catalana". Si esto, si la conllevancia orteguiana ha desembocado en abierta hostilidad, no es exagerado hablar de un fracaso estructural del sistema político de la tercera restauración borbónica. Algo que no se puede abordar con una política reducida a la actividad de los ministerios de de Justicia e Interior que, además, tampoco parecen jugar limpio.

La versión castellana del artículo:

Estado de hostilidad

En esta semana, la cumbre del referéndum anunciará la pregunta y la fecha. El Estado, por boca del gobierno, ya se ha pronunciado preventiva y amenazadoramente, recordando a los funcionarios sus obligaciones y a los directores de los colegios las suyas. Se pondrán todos los medios legales para impedir que la Generalitat lleve a cabo su anunciado propósito. Lo que no parece claro es que sean suficientes.

Dependerá, a su vez, de hasta dónde llegue la determinación del gobierno de ir adelante con la consulta. No se puede descartar una detención, suspensión, inhabilitación, procesamiento de Puigdemont y sus colaboradores, una hipótesis de periodismo ficción muy interesante que he leído recientemente. En caso de producirse una movilización de protesta con actos de desobediencia colectiva, es cuestionable que el Estado tenga capacidad para enfrentarse a ella sin recurrir a los militares y el estado de excepción.

No es realista pensar que España, cuarta economía de la Eurozona , pueda mantenerse en el ranking con una parte tan importante de su territorio (y de su PIB, muy basado en la exportación) en estado de excepción. El recio aferrarse a los principios no obsta para preocuparse por las consecuencias de los propios actos. Y si el integrista no lo ve, que alguien de su séquito se lo haga ver. La política de la confrontación es autodestructiva y, a partir de cierto momento, irreversible. Por eso hay que andar con pies de plomo. Es mejor que el plomo esté en los pies a que esté en las calaveras o en las cartucheras.

Por eso, si Puigdmont finalmente acepta presentarse en el Congreso se abre una interesante hipótesis. Si el debate se termina votando una moción, como quiere Rajoy y la derecha, ya se sabe que el voto negativo será arrasador. Pero, curiosamente, igualará a ambos gobiernos pues dejará claro que los dos obedecen el mandato de sus respectivos parlamentos, uno a favor y otro en contra del referéndum. El que está en contra, sin embargo, el Parlamento español, no tiene por qué ordenar al gobierno que lo impida por la fuerza. Le basta con significar que no le reconoce valor jurídico o político alguno, como hizo el mismo gobierno con el 9N, aunque luego se lo pensó mejor y empezó a perseguir a los protagonistas.

De aceptarse esta hipótesis, la Generalitat organizaría una consulta perfecta desde el punto de vista técnico y los resultados nos permitirían saber qué quiere la mayoría de los catalanes. La única objeción que se le podría hacer (y que se haría sin duda según saliera la consulta) sería que el voto unionista se habría abstenido mayoritariamente por temor. Una objeción a tener en cuenta y cuya mejor solución sería que el propio Estado se encargara de organizar y garantizar la consulta, por supuesto en el ámbito de sus competencias. Eso en lugar de su actitud de permanente hostilidad hacia Cataluña.

En cualquiera de los dos resultados del referéndum, la falta de efectos jurídicos puede mantenerse en algún caso; la falta de efectos políticos, en ninguno.

Ciertamente, en el caso de triunfar el “no”, los efectos políticos serán contundentes. Esfumado el marco constituyente, se vuelve al autonómico y, por tanto a unas elecciones anticipadas por ver si se dibuja un mapa político distinto. Lo que se mantendrá y se reforzará, será la actitud de hostilidad hacia una minoría que quiere pero no puede frente a una mayoría que puede, pero no quiere.

En el supuesto del “sí” a la independencia, el Parlamento tendrá que declararla unilateralmente. El Estado español no la reconocerá y el asunto irá ante la Corte Internacional de Justicia, lo que quizá abra un prolongado contencioso durante el cual se producirá todo género de conflictos entre el Estado español y la Generalitat catalana a la que aquel no reconoce legitimidad como Estado.

Entre los imponderables que pueden producirse en ese pleito se da una posible mediación de alguna benemérita instancia legitimada por el reconocimiento general, que acabe en una negociación y una fórmula, aunque sea transitoria, válida para los dos lados. Algo parecido a los acuerdos extrajudiciales a que llegan las partes en los pleitos civiles para ahorrarse gastos y no perder el tiempo, esperando una decisión judicial que se retrasa. La historia demuestra además que, muchas veces, los acuerdos provisionales o transitorios son más duraderos que los que se querían eternos.

Y sea como sea, es obvio que esa mediación exigirá como requisito la celebración de un referéndum vinculante para ambas partes. No querían uno y pueden acabar teniendo dos.

Escuchar a los catalanes

Es lo menos que puede hacerse, pensaría cualquier persona con algún conocimiento de gentes y cierta educación. Pero eso, en España, no se estila. No lo hace esta derecha hirsuta y montaraz, directa heredera de Franco ni lo hace el PSOE que, como siempre, admite su subalternidad ante la derecha y acepta sus planteamientos autoritarios, impositivos y su comportamiento corrupto y delictivo porque tiene miedo de que se le pueda acusar de querer "romper España". Es una típica proyección de los neofranquistas y sus aliados del PSOE que son quienes verdaderamente han roto el país. Eso cuando no coinciden con sus aliados en su estúpida convicción de que los catalanes han de ser españoles, quieran o no, pero, luego, no están dispuestos a respetar sus derechos y sí a tratarlos como delincuentes.

Esto no tiene arreglo. A continuación, la versión castellana del artículo.

Escuchar a los catalanes

Realmente, ¿cómo iba a haber diálogo cuando una de las partes no parece estar enteramente en sus cabales? El contundente juicio de Sáenz de Santamaría sobre las auténticas intenciones de Puigdemont roza el delirio, es casi una declaración patafísica, dadaísta: Puigdemont quiere hacer un referéndum para no escuchar a la población.  Desde luego, el diálogo era imposible.

Y esa imposibilidad viene apuntalada por el respaldo manifiesto de Pedro Sánchez a la línea del “no” del PP, formándose así ya de hecho una “unión sagrada” de los tres partidos dinásticos, PP, PSOE y C’S. Frente al independentismo catalán que es, además, republicano. Es también una “unión dinástica”.

Tan fuerte que permite a la vicepresidenta seguir haciendo gala de su sentido de la lógica, cuando sostiene que el referéndum es ilegal pero invita a Puigdemont a defenderlo en el Parlamento; es decir, lo invita a defender una ilegalidad. Como cuando el emperador convocó a Lutero a la Dieta de Worms para que abjurara de sus tesis. Lutero no abjuró y Puigdemont no compareció.

La cumbre del referéndum no tiene otra opción que convocarlo con fecha y pregunta. A partir de aquí empieza la cuenta atrás del juego de acción-reacción-nueva acción. El Estado estará al acecho para impugnar cualquier acto de la Generalitat, por nimia que sea la causa, si entiende que propicia la realización del referéndum. A su vez esta tendrá que ir poniendo barreras y cortafuegos para avanzar en sus intenciones, descansando en su base popular y la movilización social. Sin pacto por medio, el referéndum se convierte de hecho en otro 9N, pero en condiciones distintas, agravadas.

La cuestión no es hasta dónde está dispuesta la Generalitat a seguir con su hoja de ruta pues está clara: hasta el final, hasta la celebración del referéndum. Antes bien, la cuestión es hasta dónde está dispuesto el Estado (es decir, el gobierno con su mayoritario apoyo parlamentario) a llegar en su política represiva o, como dicen sus aliados socialistas en esta tarea, sus “medidas coercitivas”.

Según se acerca el momento de eso que llaman los medios “el choque de trenes”, surgen vacilaciones, desconciertos, presiones, búsquedas de terceras vías sin mucho crédito ya y hasta bien intencionadas propuestas. Por ejemplo, se dice que la represión del referéndum se mantendrá hasta que el bloque independentista desista en su actitud con el menor descalabro posible y convoque elecciones autonómicas ordinarias que, se espera, traerán una composición distinta del Parlamento.

La opción de elecciones autonómicas es tan válida como otra cualquiera y, de verse en la necesidad por causa de fuerza mayor sin duda los partidos independentistas estarán preparados. Es una vía que tienen abierta y a la que pueden dar el valor simbólico que quieran. Pero no es eso lo que pretenden y, al mismo tiempo, temen que una nueva consulta electoral por imposibilidad de culminar la hoja de ruta desmovilizará un porcentaje del electorado independentista.

Por ello, a la vista del bloqueo sistemático de todas las iniciativas de la Generalitat, la mayoría independentista del Parlamento puede acudir a otra vía posible, la declaración parlamentaria unilateral de independencia (DUI). La unión sagrada española de los tres partidos habrá previsto que, al negar toda posibilidad de diálogo, esta opción se hace verosímil.

De adoptarse, se generarían dos reacciones paralelas: de un lado, una intensificación de la acción represiva del Estado, por medios excepcionales, incluida la intervención de hecho de la Generalitat y una previsible escalada de inestabilidad que no beneficiará a nadie y servirá como trasfondo de la otra reacción, la de una internacionalización del problema, pues la Generalitat la llevaría a la Corte Internacional de Justicia, argumentando el precedente de la opinión consultiva sobre Kosovo.

No está claro que prosperara pero la internacionalización sería un hecho, con el agravante de una situación interior de excepcionalidad. Justo los elementos que invitarán ofertas de mediación extranjera todas las cuales, obviamente, comenzarán por recomendar un referéndum.

La cuestión de fondo

Su primer acto como SG, decía Sánchez durante las primarias, sería pedir la dimisión de Rajoy. Pues ha sido al revés, casi como si se hubiera tratado del mismo Rajoy, el de "no he cumplido mi palabra, pero etc., etc." Primero le permite sacar adelante los presupuestos jugando con la mistificación del voto del diputado canario, que es o no es del PSOE, según interese. En segundo lugar lo llama por teléfono para comunicarle su rechazo a toda consulta ilegal y su respaldo incondicional a la gestión de la cuestión catalana; sí, esa gestión que el 77 por ciento de la población dice que es mala, aunque da algo de miedo pensar qué pueda considerar aquí "mala" mucha gente. 

Se supone que se trata de un gesto de estadista, de alguien que, teniendo en cuenta la situación crítica del país, pone el interés de este por encima del de su partido, el suyo y hasta su palabra. Se supone también que obedece a una profunda convicción nacional a la par que un deseo (legítimo) de ampliar su base electoral. Y así, haciendo de tripas corazón, llama al hombre que no lo felicitó la noche de su victoria, el que se negó a darle la mano en cierta memorable ocasión, al que él mismo tachó de indigno en la televisión, aquel cuya dimisión iba a pedir, para significarle su apoyo. No cabe mayor sacrificio en nombre de la Patria. Tendrá su recompensa.

Pero, de momento, tiene su coste. El que se deriva del hecho de tomar partido en un contencioso no con una propuesta propia, sino adhiriéndose incondicionalmente a la de una de la partes, la del PP, que es la de la confrontación. Ni siquiera cuestiona el derecho del gobierno a cerrar una vía de diálogo que, de todos modos, no existía. El PSOE da por bueno lo que haga ese gobierno y se inhibe de las consecuencias. Presume que estas le permitirán en todo caso llevar adelante su propósito de ir a elecciones a medio plazo, tratando de forjar una coalición PSOE, C's, Podemos (la estrategia original de Sánchez) con una propuesta de reforma federal de la Constitución para acomodar el ser de la España plurinacional, recientemente descubierto. 

La propuesta federal es vieja cantinela. El PSOE tuvo veinte años para ponerla en práctica. Y no se movió. Bien es verdad que los nacionalistas catalanes no apretaban. Pero sí quisieron ampliar su estatuto con una profunda reforma en 2006 que apadrinó precisamente el socialista Maragall, reforma que los propios socialistas se encargaron de aniquilar (pasándole el cepillo, al decir de Guerra) y el Tribunal Constitucional apuntilló en 2010. Así que el federalismo tiene ya escaso predicamento. 

De todas formas, es igual porque lo importante aquí es qué sucederá en ese tiempo en el que el PSOE se inhibe. Hastá dónde llegará la inhibición (y, por tanto, respaldo) en una intensificación de la actuación represiva del Estado. El referéndum no es una petición de una organización terrorista, sino una reclamación de amplia base social en Cataluña y una mayoría absoluta parlamentaria. Reprimirla por la fuerza no resolverá el problema. Lo agravará y lo enquistará. 

En el lado español, el giro copernicano de Sánchez, seguramente le resultará beneficioso en cuanto a proyectar la imagen de partido moderado, dinástico. Más difícil lo tiene para atraer el voto que se le fue a Podemos por la izquierda, pero eso dependerá de la actitud del propio Podemos, en donde, según mis noticias, vuelve a hablarse de transversalidad.

Un pequeño detalle

La información, destacada en primera de El País (señal del susto que lleva en el cuerpo) es correctísima. Da cuenta de la decisión de Puigdemont de convocar una cumbre de fuerzas independentistas para fijar fecha y pregunta del referéndum. Informa de los asistentes: PdeCat, ERC, CUP. Catalunya en Comú (Ada Colau) se abstiene y Podem asistirá como "libre oyente". Los reparos de esta izquierda al llamado independentista apuntan en la dirección de estar buscando alguna forma de tercera vía, idea que ha comenzado a acariciar El País al comprender que la ignorancia, la falsedad y la manipulacion no compensan. Pero, en todo caso, una información correctísima.

Con un pequeño matiz, un detalle casi nimio. Sostiene el diario que la cumbre se reúne para acordar fecha y pregunta del referéndum separatista. Ahí ya el periodismo se troca fábula y ficción. El referéndum que la Generalitat quiere convocar (tras haber intentado inútilmente pactarlo con el Estado) es consultivo y vinculante. Si es separatista o unionista lo decidirán los votantes. Salvo que se diga que es separatista por convocarse por separado. Pero no parece ser el caso, pues bastaría con llamarlo ilegal. Separatista prejuzga el resultado.

La suposición de que un referéndum en Cataluña tiene que ser separatista da una idea de la fe, la confianza que los nacionalistas españoles tienen en su propia nación. Algo lógico a la vista de cómo la tratan.  

¡Ah! Pero ¿había una "crisis"? ¿No era una "algarabía"?

Rajoy no solo ha gestionado mal la “crisis catalana”. Lo ha gestionado mal todo. Se ha cargado el Estado de derecho, no ha conseguido sacar al país de la crisis, habiéndolo arruinado con unas arcas vacías (sobre todo, el fondo de pensiones) y una deuda pública galopante, ni siquiera ha conseguido reducir el déficit a lo que se le exige. En seis años no ha conseguido hacer lo que el gobierno portugués de izquierda ha hecho en dos. Un completo inútil y una desgracia para el país. Y más desgracia que el país se dé cuenta ahora. Lo único que este prodigioso incompetente sabe hacer es amparar a los corruptos y conseguir que la banda de ladrones que capitanea haya expoliado el país.

En lo tocante a Cataluña, la incompetencia tiene rasgos casi delictivos. Desde la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, el independentismo catalán pasó de ser una reivindicación de partido a serlo social, nacional, transversal. Y, desde entonces ha llevado la iniciativa en procura de su objetivo de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Durante esos años, el gobierno presidido por esta nulidad no ha hecho nada por dialogar o negociar con los independentistas, se ha cerrado en banda, ha despachado con cajas destempladas a dos presidentes de la Generalitat que venían a exponer sus demandas y ha dado orden a su frente mediático de que ataque sin cuartel al independentismo, al tiempo que, al parecer, también se le hace la guerra sucia.

Hasta los de su cuerda, los empresarios catalanes, le instan a negociar y llegar a alguna solución política. El olmo y las peras. El mismo presidente reconoce que no tiene propuesta alguna, que no se le ocurre nada, vaya. Y eso que asegura encontrarse en el mejor momento de su vida. Se le nota cuando se pone apocalíptico previendo desastres sin cuento con la independencia de Cataluña. Lo único que se le ocurre es meter miedo o, mejor dicho, exteriorizar su propio miedo.

La cuestión no es qué cabe esperar del gobierno. Ya se sabe: nada. La confrontación y a ciegas. Es qué cabe esperar de la oposición: si va a cerrar filas tras el gobierno en combate o va a presentar alguna propuesta de negociación.

Ayer, Palinuro, extralimitándose, presentaba una. Ni él mismo se fía de ella. La intención era simplemente decir que hay que dialogar, que no se puede aceptar la decisión de este gobierno de cerrarse al diálogo.

En una democracia no es admisible impedir el diálogo y, si esto sucede, los independentistas se sentirán legitimados para proclamar una DUI, una Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento. Y a ver qué hace el gobierno.

Cerrar antes de abrir

Cuando Rajoy “da por cerrada la vía de diálogo con la Generalitat” está haciendo un ejercicio de posverdad. Algo inherente a su partido y que consiste en negar la evidencia con todo aplomo o directamente inventarse la realidad. “El PP es el partido de los trabajadores”, decía Cospedal. Posverdad. “El PP es el partido que más ha luchado contra la corrupción”, según Rajoy. Posverdad. “No he cumplido mi palabra, pero he cumplido mi deber”. Posverdad de la que se sigue que el deber de este hombre es no cumplir su palabra.

¿Hay algo más posverdadero que dar por cerrada una vía de diálogo que no existe? Ciertamente, hace unos meses, el presidente del gobierno, en un gesto de magnanimidad unilateral decidió adoptar una política de diálogo con la Generalitat. Despachó a la vicepresidenta a Barcelona, le puso allí un despacho desde el cual aquella empezó a ejercer a modo de virreina. Y ahí acabó la política del diálogo, en un único encuentro entre Sáenz de Santamaría y Junqueras para comprobar que no tenían nada de qué dialogar. El referéndum no lo permite. El diálogo no arrancó, pero el gobierno ya lo da por cerrado.

Es un momento de suspense, los dos contendientes en mitad de la calle desierta, mirándose a los ojos bajo un sol cegador, a ver quién hace el primer movimiento. De ambos lados llegan voces. Del lado del gobierno se lanzan admoniciones y amenazas y la inevitable Cospedal, ministra de Defensa, habla ya en términos castrenses de intervención militar. Califican de intento de golpe de Estado el referéndum. Del lado de la Generalitat se escucha a la CUP y la ANC, así como otras asociaciones de la sociedad civil, reclamando fecha para la celebración del referéndum.

El escenario es de confrontación. Y de mala perspectiva porque ninguna de las partes puede echarse para atrás. Sin embargo, una cosa está clara: la represión no es una solución. Un Estado de derecho no puede sobrevivir sojuzgando a una minoría nacional. La traslación de la experiencia del País Vasco a Cataluña, esto es, la idea de que es posible domeñar una reivindicación independentista tratándola como una cuestión de orden y seguridad pública, es un grave error. En el PV había un problema de terrorismo. En Cataluña hay una amplia movilización social democrática y pacífica.

La represión no solo no es justa; tampoco práctica. El Estado puede suspender la autonomía catalana pero en algún momento tendrá que restablecerla; puede inhabilitar a la actual clase política independentista, pero no impedir que se reproduzca mediante elecciones. El gobierno sostiene que va a dar la batalla a la Generalitat en defensa de la mayoría de los catalanes a la que se está engañando. ¿Cómo saber si esto es así? Por supuesto, haciendo un referéndum. Justo lo que, encuesta tras encuesta, reclama entre el 70 y el 80 por ciento del electorado catalán: hacer un referéndum para ver qué quieren los catalanes. El gobierno no tiene más que investigar. Lo que quiere la mayoría de los catalanes es un referéndum.

Si la represión no es la solución, ¿cuál es? Sentarse y negociar. Negociar, ¿qué? Por supuesto, todo. Eso de que hay algo innegociable (la soberanía del pueblo español) que va repitiendo por ahí Rajoy como una carraca es otra posverdad. ¿Por qué es innegociable? Porque lo dice la Constitución. Y la Constitución, ¿qué es? Una ley (y muy reciente, por cierto) que, como todas las leyes se puede cambiar. En realidad, las leyes no hacen más que cambiar y no solo las humanas, también las naturales y hasta las divinas. Porque todas las leyes se hicieron para los seres humanos y no al revés.

Que en un Estado democrático de derecho haya algo de lo que no se puede hablar es inadmisible. Porque quien impide que se hable, impone su opinión como infalible, la fija como verdad incuestionable. Si alguien la cuestiona, se le reprime pues estamos en la época de la posverdad, de la represión.

Es una perspectiva poco halagüeña y resulta comprensible que todos hagan cuanto puedan para evitarla. Todos quizá no. La negativa del gobierno a dialogar apunta a una intención de empeorar la previsión en virtud, quizá, de aquel viejo adagio que suele atribuirse al espíritu revolucionario leninista de “cuanto peor, mejor”.

La cuestión es si los otros partidos españoles aceptan o no uncirse al carro de guerra de la derecha. C’s parece casi destinado pues nació hace una docena de años como partido anticatalanista. Podemos, por el contrario, respalda la celebración de un referéndum pactado y, por tanto, legal y vinculante. Si hay prohibición, legitima un referéndum unilateral, pero solo le da un valor político, no jurídico. La incógnita es el PSOE, que ha cambiado las tornas desde las primarias y cuyo SG, acabado de aterrizar, se encuentra con una línea de apoyo parlamentario al PP sobre la que tendrá que tomar una decisión.

En asuntos tan graves, las decisiones no se improvisan y necesitan tiempo. Por eso Sánchez hará bien en no pronunciarse en uno u otro sentido hasta tener todos los datos, valorar sus posibilidades y formular una propuesta que habrá de someter a consulta a la militancia. Con la marca socialdemócrata. Por eso, así como no ajusta su criterio a las orientaciones de Podemos, tampoco tiene por qué responder a los desafíos gubernativos de que aclare el concepto de “nación de naciones”. Todo a su tiempo.

Para ir haciendo tiempo y entretener a los impacientes, el PSOE puede declarar en el Parlamento que no acepta el cierre de la “vía de diálogo”. Esa decisión es contraria a la función esencial del gobierno que, como toda autoridad pública, debe velar por la paz y el entendimiento entre los ciudadanos y no por la confrontación. Además, es ilegal, pues no media una previa decisión parlamentaria que le inste a hacerlo. No tiene más respaldo que una acción ejecutiva. Pero si el Parlamento rechaza el cierre del diálogo y obliga al gobierno a seguir intentándolo, este tendrá que hacerlo.

Al final, el problema es qué se lleva en concreto a una mesa de negociación, mediando entre dos posiciones antagónicas. Algo en lo que ambas partes estén de acuerdo, habiendo ambas cedido en algo. Como base podría servir la siguiente propuesta: el Estado permite la celebración del referéndum llamándolo “consulta”, “sondeo” o como se quiera, desprovisto de eficacia jurídica pero con una eficacia informativa que conlleva una obligación: el Estado se compromete a abrir un proceso de reforma constitucional en un órgano ad hoc, una Convención, por ejemplo, con una composición que haga justicia a la reivindicación independentista. Sea cual sea el resultado de la Convención, se someterá a referéndum por comunidades autónomas, una de cuyas opciones habrá de ser la independencia.

La que ha liado Sánchez

El título no es un error. Es Sánchez, no Puigdemont, que lleva bastante tiempo liándola. Es Sánchez el que la ha liado ahora siendo elegido SG contra Susana Díaz y el pronóstico de la autoridad. Esa decisión de la militancia ha trastocado los planes del frente nacional español PP-PSOE, que lleva gestándose desde la Ley de Seguridad Nacional, aprobada con los votos de ambos partidos dinásticos en septiembre de 2015. 

Esa alianza patriótica funciona soterradamente desde entonces y está en la base del golpe de mano del 1º de octubre. Existiendo la sospecha de que Sánchez estuviera tramando alguna forma de alianza con Podemos y los indepes, el frente nacional  da un golpe preventivo. Y del que parece tenía informado a Rajoy. El entendimiento de este con Rubalcaba fue siempre patente en asuntos que ambos gustaban llamar "de Estado" y quería decir Cataluña. 

La gestora del golpe sería Díaz y con esta rotundamente opuesta a Podemos y los indepes, quedaría armado el triángulo poderoso del nacionalismo español. Con un respaldo de tres cuartas partes de la Cámara, se encontraría una solución al contencioso catalán por las buenas o por las malas.

El resultado de las primarias ha dinamitado ese plan. Los ha descolocado y han recurrido a palabras mayores. El famoso editorial de combate de El País, El Brexit del PSOE, pone a Sánchez de chupa de dómine y habla de "demagogia, medias o falsas verdades (sic) y promesas de imposible cumplimiento" y se queja luego donde le duele: "En un momento en el que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos." O sea, la gran coalición, el gobierno de unión nacional.

A su vez, Rajoy también pierde los nervios y se pone a presumir de demócrata y adalid del Estado de derecho, acusando a los indepes de pretender un golpe de Estado. Su propuesta, dice, es liquidar la Constitución, lo nunca visto, lo que solo sucede en las peores dictaduras, cosa que él sabe de buena tinta porque su partido lo fundó un ministro de una de esas dictaduras. Todos cometemos pecadillos en nuestra juventud, pero es que este los comete ahora en edad provecta al gobernar conculcando sistemáticamente todos los fundamentos del Estado de derecho. Más o menos, lo que deja entrever el "todo" a que dice el gobierno estar dispuesto. 

Y encima, viene Sánchez a proclamar en el congreso la fórmula de "nación de naciones". Que no está mal, es bienintencionado, pero ya lo suficiente para que al frente nacional le dé un ataque. Y con escaso atractivo en el otro lado, que pide algo más concreto y tangible, un referéndum. La fórmula es, además, autodestructiva. Si no he entendido mal, se concibe España como "nación de naciones"... culturales. Una nación política compuesta por naciones culturales. Y ¿por qué no asimismo políticas? ¿Por qué la nación España, cuya idea cultural es problemática, sí, y la nación catalana, cuya identidad cultural es patente, no?

Si se quiere aportar algo con intención de desbloquear la situación, la nación de naciones tiene que ser de naciones políticas en igualdad de derechos con proporcionalidad negociable y todo ello a partir de un referéndum pactado vinculante. 

El vídeo sobre "el desencaje de Cataluña", en Blanquerna

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He comprobado que la calidad de la grabación es alta, tanto en sonido como en imagen.

Creo asimismo que es una buena exposición sobre cómo están la cosas en la cuestión catalana al día de hoy.

Nada más que decir. Está todo dicho en el vídeo.

Forcadell ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Mi artículo de elMón.cat,titulado Jueces contra políticos, versa sobre el procesamiento de los cargos electos independentistas por desobediencia, como los casos de Carme Forcadell, Anna Simó y otros antes y otros que vendrán después. El gobierno parece decidido a inhabilitar (y, en su caso, encarcelar) a la clase política catalana. Teniendo en cuenta que esta se apoya en un movimiento de amplia base política y social y que la regeneración de esa elite está asegurada, al final, es posible que el ejecutivo se decida por lo que acaba de decir García Margallo: suspende la autonomía catalana, previo acuerdo parlamentario que, según sean las primarias del PSOE, no le será difícil conseguir,  y toma el mando de los Mossos d'esquadra. Pero eso no es una solución ni a medio plazo. O sea, no es una solución.

El error está en empeñarse en resolver en los tribunales un conflicto político que exige soluciones negociadas, pactadas, políticas.

A continuación, la versión castellana:

Jueces contra políticos

La respuesta judicial del Estado español a la aplicación de la hoja de ruta de la mayoría parlamentaria enfrenta a dos poderes del Estado con intención de someter el uno al otros, el parlamentario al judicial. Obviamente, esto atenta contra la separación de poderes y la soberanía del Parlamento, cuyos miembros gozan de inviolabilidad en el ejercicio de su cargo. Esa inviolabilidad que Carme Forcadell i Anna Simó han demandado a la jueza que les ampare.

La inviolabilidad hace referencia a la función política del Parlamento. Este no pretende sustraerse a la acción de los tribunales en asuntos no políticos, de derecho común, incluso aunque la pintoresca institución del aforamiento suela extenderse en efecto a estos asuntos y se haga por huir de la acción de la justicia, lo cual no deja muy bien parados a los representantes del pueblo.

No es el caso con la función política del Parlamento y su concreción legislativa, que es soberana. En el caso de que la acción política del legislativo sea objeto de prohibición judicial, la mesa y su presidenta se verán en la disyuntiva de acatar la decisión judicial (prohibitiva) incumpliendo el mandato de la mayoría parlamentaria o cumplir este mandato y, por tanto, desacatar la decisión judicial. Si hace lo segundo pondrá al Parlamento bajo control judicial.

Se dirá que el Parlamento catalán no es soberano, como tampoco el TSJC lo es frente al Tribunal Supremo. Pero, a diferencia de la jerarquía aceptada de los tribunales, el Parlamento español, depositario de la soberanía, no la comparte con el Parlamento catalán.

Por este motivo, los partidarios de la mano dura judicial contra el independentismo señalan que no se encausa a nadie por sus manifestaciones u opiniones políticas, sino por la comisión de presuntos ilícitos como la desobediencia. Porque este es el núcleo del problema: tratar como una cuestión de legalidad por vía de represión judicial una que es eminentemente política, que se plantea en el terreno de la legitimidad. Desde la legitimidad suele ponerse en cuestión la autoridad de los tribunales –de estos tribunales concretos- para entender de la causa.

De aquí que este proceso sea un proceso político, se quiera o no. Es político porque los justiciables son políticos, con objetivos puramente políticos y sostienen que actúan en función de unas convicciones políticas y morales. El Estado niega este carácter político y moral a la cuestión. Pero eso es lo que han hecho siempre los Estados que se han enfrentado a movimientos de disidencia masiva y pacífica. Han perseguido a los dirigentes, acusándolos y condenándolos por la vía penal ordinaria.

El mismo Estado que insta la acción de los tribunales en defensa de la legalidad es el que acomete presuntas actividades de guerra sucia, como la denominada Operación Cataluña. Por descontado esto no afecta a la cuestión de que aquí se trata pero dibuja un contexto de operación política en todos los frentes, uno de los cuales es el judicial. Por una multitud de razones puede sostenerse que el poder judicial en España (incluido ahora el Tribunal Constitucional ya que tiene facultades que antes no tenía) no es independiente del poder político, sino, al contrario, su brazo ejecutor.

Reducir un conflicto político con choque de legitimidades (la soberanía del pueblo español y la del pueblo catalán y las de sus respectivos parlamentos) a una cuestión penal, individualizando la responsabilidad y, es de suponer, tratando de dar un escarmiento, no es una solución. La explicación de que se juzga la desobediencia concreta de Carme Forcadell et al., no puede ignorar el hecho de que esta presunta desobediencia se produjo por la obediencia a un mandato político de otro poder. Que detrás de Carme Forcadell hay centenares de miles, millones de voluntades. Que se juzga un símbolo. Los tribunales pueden inhabilitar a los imputados, pero ¿qué harán con los que los sustituyan en los cargos y procedan del mismo modo?

Al final, si quienes ejercen los cargos públicos son inhabilitados sistemáticamente será preciso dar un paso más y suspender las instituciones de autogobierno catalán. Esto es lo que demandan ya muchas voces de la derecha política y mediática. Y, llegados a esta situación, el nacionalismo español tendrá un problema constitucional por negarse a reconocer que tiene un problema constitucional.

El imposible diálogo con el Estado

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Gira en torno a la última declaración de Puigdemont de insistir en una oferta de diálogo y negociación para Rajoy, a ver si se puede pactar un referéndum. Entiendo que es imposible por dos razones: 1ª) porque ni Rajoy, ni el gobierno, ni el PP están hoy para gobernar ni para negociar nada. Bastante tienen todos ellos con el horizonte penal que los aguarda y con sus peripecias procesales; 2ª) por asuntos de inconmovibles principios que siempre invoca esta derecha y, tratándose de los catalanes, con el apoyo entusiasta de la sedicente izquierda. De referéndum, ni hablar, porque España se rige por una Constitución que no lo permite y no hay más que hablar. Es absurdo (aunque hay quien lo hace porque la paciencia está muy arraigada) debatir con esta gente acerca de si una interpretación menos jacobina de la Constitución permitiría hacer el referéndum. En realidad, con lo que llevamos recorrido, resulta más directo, claro y sencillo decir que esta Constitución, arrancada con engaños y presiones militares, ya no sirve al desarrollo normal y democrático de una y sociedad avanzada y debe cambiarse, quizá mediante una reforma "total" (prevista) o un proceso constituyente nuevo.

En el ínterín, el independentismo, a pesar de todo, debe seguir ofreciendo diálogo hasta el final. Y si este gobierno corrupto e inepto se obstina en impedir por la fuerza el referéndum catalán, quizá no le quede otra vía al Parlament que la DUI o declaración unilateral de independencia. Sobre ello, el artículo en versión castellana:

Dialogar hasta el final

El proceso independentista, con todas sus peripecias, alianzas, sondeos y tensiones, protagoniza la vida política de Cataluña y en buena medida en España. En Cataluña por la densidad e intensidad del debate público; en España por la absoluta ausencia de este. En Cataluña el gobierno y la oposición luchan denodadamente a favor o en contra de la hoja de ruta de la Generalitat. Con la diferencia de que, si esta sabe a dónde va y articula las medidas en ese sentido, la oposición, no sabe qué hacer porque depende de las decisiones de Madrid y en Madrid no hay nadie.

A estos efectos, Madrid es hoy un espectáculo, cercano al teatro del absurdo, ahora que El Español repone La cantante calva, de Ionesco. Una ciénaga o charca de corrupción en donde abundan los batracios, muchos de ellos dirigentes y altos cargos del partido del gobierno (a su vez imputado como tal) en connivencia con sus compinches del dinámico sector empresarial. No son los gestores del Estado, sino sus “captores”, sus expoliadores.

La política española se debate en los tribunales y se practica en las cárceles. Aquí no hay programa de gobierno, ni medidas políticas, ni, probablemente, ideología. Solo hay “sálvese quien pueda”.

La oposición, en sus dos grupos mayoritarios, está más entretenida en despedazarse mutuamente que en formular una alternativa viable al gobierno de la derecha. La dejación de funciones es tan patente e irresponsable que el gobierno confía más en el cainismo de la izquierda que en el apoyo de su gente para dejar intacta su abusiva legislación de la Xª legislatura e imponer sus actuales proyectos, cuando se le ocurra alguno.

En estas circunstancias de vacío político, con referencia a Cataluña, Madrid es la torre del “no”. “No es no” al referéndum, firme acuerdo del PP, C’s y el grupo parlamentario del PSOE. Acuerdo firme y único, pues no va más allá del “no”. Acuerdo de frente nacional que no deja resquicio alguno al diálogo.

En estas circunstancias, mientras Junqueras habla del referéndum en Miami, Puigdemont anuncia que hará una nueva oferta de negociación a Rajoy en vistas a pactarlo. Estas iniciativas catalanas (como la de acudir a Madrid a explicar en algún foro público la posición de la Generalitat), son el modo de actuación de Puigdemont, su estilo. Siempre ha dicho estar dispuesto a la negociación hasta el último minuto. Y así va cumpliendo. Lo que sucede es que, hasta ahora, solo ha conseguido dialogar consigo mismo. Es decir, la nueva oferta que se anuncia es el resultado de una falta de negociación de la anterior que, a su vez, tampoco se negoció, etc.

Puede parecer inútil mantener abierta la vía del diálogo y la negociación hasta el final frente a alguien que no los acepta porque parte de la negación de aquello que se trata de negociar. Puede parecerlo, pero no lo es. El independentismo está muy interesado en demostrar que la independencia no es solamente el objetivo que desea sino también la única salida posible en una situación de bloqueo. La diferencia es sutil, pero no trivial. Habrá un referéndum, bajo la forma que sea y, en ese momento, lo que cuenta son los votos, en especial los de aquellos, convencidos ahora de que el Estado no deja más salida que la opción entre la sumisión y la independencia.

Ese es el objetivo de mantener abierta a toda costa la vía del diálogo y la negociación: legitimar el “sí” a la independencia por la vía del bien mayor y el mal menor al tiempo. De ahí también que, además de insistir en la vía de la negociación, Puigdemont intente pactar con Els Comuns la cuestión del referéndum.

Dialogar hasta el final es el deber de todo gobierno prudente. Si, no obstante, el de la Generalitat no consiguiera cumplir el mandato del Parlamento, será este quien habrá de tomar la correspondiente decisión en el orden que juzgue oportuno.

La conferencia de Tarragona el viernes pasado

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No había grabación en el Colegio d'Advocats i Farmacèutics de Tarragona, pero, para fortuna de todos, estaba Ramón Sabaté, gran fotógrafo, que filmó el acto y lo subió a You Tube. Yo lo incluyo aquí con su permiso.

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Igualmente incluyo la grabación del turno de preguntas y respuestas, que fue muy animado y siempre de la mano de nuestro amigo Sabaté.

El referéndum y el Estado fallido

Mi articulo de hoy en elMón.cat, titulado No hay marcha atrás, versa sobre la cada vez más afilada relación entre Cataluña y España. Como se han desarrollado las cosas, dada la cerrada intransigencia del Estado español y la negativa del gobierno central a negociar nada, el independentismo catalán -que nunca había tenido tanto apoyo social y tanta determinación política así como unidad- carece de otra salida que seguir su hoja de ruta y hacer un referéndum unilateral ya que pactado no es posible. En el caso de que tampoco lo sea el unilateral, Junqueras ha aclarado que procederán a una Declaración Unilateral de Independencia. Mayoría parlamentaria para ello la tienen y voluntad, también. Lo que pase a continuación es ya materia de especulación. Desde luego, en Cataluña se vivirá como una victoria, aunque acabe en derrota y en España como una derrota, aunque acabe en victoria. El Estado puede someter a Cataluña por la fuerza -no será la primera vez-, pero eso no le servirá de nada porque se habrá deslegitimado por entero, se habrá convertido en un Estado fallido y la separación que pretendía evitar se producirá en cualquier caso.

Aquí, la versión castellana:

NO HAY MARCHA ATRÁS

Ya está claro que el “prucès”, del que tanta burla hacen los nacionalistas españoles, es la cuestión más importante que afecta hoy al Estado. Lo es desde hace años, pero este y sus regidores parecen enterarse ahora, cuando la situación ha llegado a un punto de confrontación y ruptura por la obstinada negativa del gobierno cntral a negociar . Nadie en el fondo quiere el enfrentamiento, pero el gobierno hace gala de no tratar de evitarlo, confiando en que esa inflexibilidad será suficiente para disuadir a los independentistas de su pretensión de un referéndum.

Es una actitud no solo inflexible sino también poco inteligente del gobierno central y amplios sectores de la llamada oposición. Tanto que comienza a cundir la alarma, dentro y fuera de España, en donde se sigue el proceso con expectación creciente ya que se trata de un país importante de la UE; de segundo orden político, pero con peso. Y no está la Unión para más conflictos.

La alarma también cunde en el interior, en donde se ve con mucha preocupación la inactividad del gobierno central frente a la hoja de ruta catalana, fiándolo todo a la judicialización del conflicto. La actitud es típica de la derecha: no se trata de una cuestión de legitimidad (y, por tanto, política), sino de una de legalidad (y, por tanto, judicial) que se resolverá, si necesario fuere, por la vía coercitiva en toda su extensión. Es el discurso del cumplimiento de la ley y la defensa de la legalidad con pulso firme. El típico discurso autoritario de reducir los conflictos políticos como este a meros problemas de orden público o “algarabías”, como dice Rajoy. El problema es si eso ya no basta para reducir el movimiento por el referéndum y el conflicto político se convierte en social.

Abundan las declaraciones. Montero, de UP, pide al gobierno central que pacte un referéndum antes de enfrentarse a un RUI. Colau relativiza el valor de un sí a la independencia en el reférendum por el que aboga, e Iglesias se adelanta a reconocer que la consulta debe ser vinculante. Por supuesto, El País, convertido en think tank liberal del nacionalismo español, amontona las encuestas probando que la independencia no es la opción mayoritaria si se ofrece una alternativa de excepcionalidad pero no la independencia. A este juicio desiderativo (ya que la alternativa no existe, por más que el diario lleve meses implorándola del gobierno) se añaden sesudas consideraciones sobre la imposibilidad material, técnica de organizar la consulta por falta de tiempo.

Tardá advierte de que, según avance el proceso, abundarán declaraciones derrotistas de “buena fe”. Lo considera una táctica y confía en que la Generalitat cumplirá la hoja de ruta. Apostilla Puigdemont que habrá referéndum en el plazo previsto y, entre tanto, pide als Comuns pactar la pregunta con la obvia intención de sumarlos a la participación y que no se deslegitime la consulta por una alta abstención. La Generalitat organizará la consulta para ver hasta dónde llega la respuesta del Estado, pues no tiene marcha atrás.

Pero lo más importante de las declaraciones de Puigdemont es que vaticina que, además, ganará el “sí”. El “sí” a la independencia. Cosa de gran trascendencia, sea cual sea el tipo de consulta que se celebre.

Hace unos años nadie habría considerado que pudiera darse una mayoría electoral independentista ¿Qué ha sucedido? Que las cosas han cambiado mucho en Cataluña precisamente porque no han cambiado nada en España. Asunto que se mide fácilmente. Entre un 75 y un 80 por ciento de la población catalana quiere un referéndum en su tierra, en ejercicio de su derecho a decidir o derecho de autodeterminación. De esas magnitudes, más de la mitad es partidaria de la independencia. Para llegar a ser mayoría del cuerpo electoral, esta última necesita los votos de la minoría no independentista partidaria del referéndum.

¿Cómo conseguirlos? De eso se encarga la inflexibilidad del gobierno español, el mismo que ya se encargó de que el 20 por ciento de independentistas del año 2010 pasara al 47 por ciento en cinco años. Con la misma habilidad conseguirá que quienes quieren ejercer el derecho a decidir para decir “no” a la independencia, cambien el sentido de su voto, pues no verán razón alguna para seguir en un Estado que les niega el ejercicio de sus derechos.

Tiempo muerto

El País sigue beligerante contra el independentismo. Ayer publicaba una encuesta de Metroscopia que daba una aplastante mayoría de catalanes a favor de una tercera opción entre independencia sí o no, consistente en una nueva forma jurídica de la relación de Cataluña con España a base de competencias blindadas. Lo malo es que esa tercera opción no existe, si bien El País lleva meses pidiéndola por favor al gobierno. Al no conseguirlo, según se ve, ha decidido convertir sus deseos en realidades y se ha inventado un referéndum y, claro, lo gana. Pero eso no significa nada ni tiene valor alguno porque es una invención lanzada al vacío.  La pregunta del referéndum hasta la fecha solo es y solo puede ser "Independencia, sí o no".

Este enfoque es parte de una campaña amplia de los medios, los políticos nacionalistas españoles y los catalanes unionistas para desmantelar el referéndum antes de realizarse. Las desavenencias en la coalición gobernante se repiten y tienen un impacto negativo en una sociedad tan movilizada como la catalana. Además, la CUP, de quien depende el gobierno parlamentariamente, aprieta en el otro extremo, exigiendo la fecha y la pregunta del referéndum ya. El gobierno catalán quiere pactar la pregunta con Els Comuns, lo cual no está mal pensado para garantizar una mayor participación y evitar así una deslegitimación de la consulta a cuenta de una elevada abstención.

En todo caso, el tiempo apremia. Se sabía, porque los mismos de JxS lo dijeron repetidas veces, que el govern mantendría abierta la oferta de pacto hasta el último minuto. Pero también se sabía que ello no sería óbice para que el mismo govern continuara con su hoja de ruta. En consecuencia, debe creerse que las autoridades catalanas controlan los tiempos del proceso. Tal cosa afirma Junqueras. Pero no sé si se han calculado los tiempos muertos que se producirán inevitablemente con las distintas decisiones del Tribunal Constitucional suspendiendo y prohibiendo.

La verdad es que el tiempo, el que no está muerto, apremia.

Lo que es del común es de ningún

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Es una vuelta más de tuerca a la cuestión del nuevo partido catalán, encabezado por  Ada Colau y Xavier Domènech. Viene a ser una continuación del post de hace un par de días, Los comunes catalanes, y un intento de elaborar con más detalle la teoría del "partido gorrón" (o partido free rider) cuyo punto central consiste en buscar un espacio electoral en la izquierda entre los independentistas y los unionistas. Al compartir con los primeros sus confusas tesis soberanistas y la exigencia de un referéndum, a ser posible, pactado con el Estado, consideran los Comunes que saldrán muy bien parados sea cual sea el resultado final de la batalla por la independencia: si no la hay, ya ellos no eran independentistas sino "soberanistas"; si la hay, serán los primeros en acomodarse a ella e, incluso, atribuírsela en parte, dado que en la amalgama de la nueva formación coexisten unionistas e independentistas. Al final del artículo aporto una forma de hacer realidad tangible la nebulosa idea de Domènech de la soberanía compartida.

Aquí, la versión en castellano:

Lo que es del común es de ningún

La elección del nombre del nuevo partido de Ada Colau y Xavier Domènech está lejos de ser una improvisación. La referencia a los comunes evidencia el ánimo de consagrarlo heredero de la contestación asamblearia indignada que suele englobarse bajo el término 15M. Son los comunes, la gente de la calle. En algún lugar la idea está institucionalizada de antes. Por ejemplo, el defensor del pueblo canario se llama “diputado del común”.

Es también un intento de apuntarse al carro del populismo soslayando el término de dudosa fama. El común es lo de todos (y lo de ninguno, según el viejo refrán), sin partidismos. Es un movimiento. Por eso, El Comuns huyen del término partido y prefieren llamarse “sujeto político”. Pero se darán de alta en el registro de partidos.

El elemento definitorio confeso de principio es el municipalismo. Algo similar a lo que sucede en Madrid, en donde la alcaldesa recordando el carácter municipal de su movimiento, anda ya buscándose un sucesor o sucesora en la tarea. Colau, en cambio, apunta a una segunda candidatura suya a la alcaldía. Y, sin embargo, el “sujeto político” que ha alumbrado tiene una clara vocación y propósito extramunicipales. Los Comunes se plantean como partido (en realidad, una confederación o confluencia o amalgama de varios) en un ámbito autonómico, con un discurso adecuado, pero que también se proyecta confusamente a escala estatal.

Els Comuns representan una opción de izquierda catalana con vocación de política española, pero sin dejar de hacer propuestas propias tanto en aquella como en la catalana, a veces con alegre desconsideración de las estructuras jurídico-políticas dominantes, como la opción de la República catalana dentro del Estado (monárquico) español o la de la soberanía compartida. El mensaje parece ser: no somos maximalistas ni pedimos imposibles pero no renunciamos a nada; queremos soberanía para actuar por nuestra cuenta y también tener voz en la política española.

La nueva formación es un caso más de una tendencia general por la cual, las grandes ciudades tienen una cultura y un comportamiento políticos distintos a los del conjunto del país. Los Comunes vienen a insertarse en el complejo sistema político catalán como voz barcelonesa de una izquierda catalana que, sin ser independentista, tampoco haría ascos a la independencia. Recuérdese: no se renuncia a nada. Ese pragmatismo que lo hace configurarse como una especie de partido “gorrón” lo singulariza frente a los demás. Del PDeCat lo separa la ideología. De ERC y la CUP, con quienes coincide, en principio, en la cuestión republicana y el municipalismo, el independentismo.

Aquí está el debate: independentismo como cuestión de principio o como rendimiento marginal. Esto es: la independencia como objetivo o la independencia como resultado final, después de haber pasado por unas etapas intermedias tan inverosímiles como las andanzas de Ulises.

Los Comunes dirigen su crítica catalana al bloque independentista al que acusan de valerse del señuelo de la independencia para hacer política electoral de partidos. Es decir, una acusación de hipocresía. La cuestión es saber qué porcentaje de electores se sentiría atraído por esta crítica y la propuesta sustitutoria de unas imprecisas o incomprensibles relaciones con el Estado español.

En todo caso, de esa duda se sale en breves meses, cuando corresponda culminar la hoja de ruta con la celebración del referéndum anunciado. En ese momento será preciso adoptar una actitud y en condiciones imprevisibles porque no sabemos cómo cumplirá su compromiso JxS ni cómo reaccionará el Estado. Solo sabemos que habrá que estar a favor o en contra del referéndum. O llamarse andana sosteniendo algo así como que se está a favor del referéndum, pero no de ese referéndum.

El referéndum, que responde al deseo de tres cuartas partes de la población de Cataluña, es un acto de soberanía. Els Comuns pueden sumarse sugiriendo al Estado español que la comparta.

La conferencia de Vilafranca

Pensé que habría vídeo, pero, al pedir que me facilitaran el enlace, me explicaron que en los actos de la ANC ya no se graban vídeos ni, por tanto, se cuelgan en You Tube, para evitar episodios como el del juez Santi Vidal, a quien han metido en un lío por algo que dijo en una de esas conferencias.

Puede parecer extremo o radical, pero tiene su razón de ser. La cuestión del referéndum es un casus belli entre España y Cataluña. Y en la guerra, bien se sabe, vale todo. Así que como la autoridad, la policía, los jueces, la policía política del ministerio del Interior y las cloacas del Estado andan al acecho, tratando de reprimir y empurar a quienes puedan, los de la ANC hacen muy bien en no dar pie a que algún espía escuche expresiones (por lo demás frecuentes en el calor de los debates públicos) y vaya corriendo a chivarse a los jueces que, si son del opus, condenarán con contundencia.

No obstante, he encontrado esta reseña del acto en una página de la TV de Vilafranca y la reproduzco. Es un vídeo de la TV que resume la intervención y contiene un par de cortes de una entrevista previa rodada, por cierto, en un un salón del magnífico palacio de Berger Balaguer y ante una copia de un cuadro de Rafael. Está aquí.

Cotarelo cree que las clases dominantes harán lo que sea para impedir el referéndum

El catedrático Ramón Cotarelo se refiere a las clases dominantes españolas y catalanas.

Este viernes, y dentro del ciclo de conferencias que el ANC de Vilafranca organiza para hablar del proceso visto desde fuera de Cataluña, el politólogo español, catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ramón Cotarelo, dio una conferencia en el auditorio del Forum Berger Balaguer. Un auditorio que se llenó para escuchar las palabras del que se podría considerar una rara avis, un intelectual español que a pesar de querer que Cataluña no se independice está plenamente de acuerdo con el derecho a decidir de los catalanes y lo defiende de forma vehemente.

El portavoz del ANC recordó a los presentes que podían dirigir preguntas al ponente llenando unos boletos y en explicar que en la entrada se podían adquirir ejemplares del libro del conferenciante titulado "La república catalana". Por su parte la coordinadora de la ANC en Vilafranca, Esther Güell, le preguntó si el suyo es un caso único en Madrid.

Con una profunda convicción de izquierdas, Ramon Cotarelo está convencido de que son las clases dominantes españolas y catalanas las que harán lo que sea necesario para impedir el referéndum.

Cotarelo echa de menos en el Estado voces del mundo intelectual que apoyen el hecho democrático.

Ramon Cotarelo habló de manipulación de los medios y de una política del Estado hostil que hace que la gente en el resto de España, en general, no se entere de lo que pasa en Cataluña. Se preguntó por qué no hay, o no se dejan ver los intelectuales que tienen una opinión más democrática, abierta a que los catalanes puedan decidir mediante los votos. E incluso dijo que de seguir así las cosas, los demócratas de izquierdas españoles deberán exiliarse en Cataluña.

Ramon Cotarelo es autor del libro 'El Estado del bienestar' que fue pionero, ya que avanzaba como la política neoliberal amenazaba el estado del bienestar. En los últimos años se ha posicionado a favor del 'derecho a decidir de los catalanes'. Y no comprende como el Estado hay políticos que defienden el derecho de autodeterminación de los saharauis y no aceptan el de los catalanes.

Hoy, Palinuro en Igualada

Pues sí, en el Auditori Museu de la Pell, a las 11:30 del matí, continúa Palinuro con el discurso que comenzó ayer en Vilafranca, al que asistió mucha gente y fue un éxito. No hay vídeo porque la ANC ya no los hace de sus actos, para evitar luego represalias de las autoridades, al estilo de Santi Vidal. Prudente medida. No hay que facilitar las cosas al adversario

No se tenga cuidado de que, aunque se dé cierta coincidencia de títulos, la xerrada vaya a ser la misma. Ni hablar. Será una continuación y en buena medida versará sobre la muy interesante historia de por qué Madrid acabó siendo la capital de España y examinando qué consecuencias positivas y negativas (sobre todo, negativas), tuvo para la vertebración del país tan disparatada decisión y cómo el mantenimiento de esa decisión tuvo resultados nefastos para Cataluña que se mantienen al día de hoy. Porque aquella decisión no solamente afectaba a las cuestiones de preeminencia y boato -a las que los españoles son muy aficionados- sino también a asuntos de desarrollo e infraestructuras que coartan el desarrollo de los pueblos y sus culturas y economías.

Nada de extraño que la visión del procés desde Madrid sea extraordinariamente hostil.

Nos vemos en el Auditori bajo la ilustrada moderación de Jordi Còdol.

Hoy, Palinuro en Vilafranca del Penedès

Hoy por la tarde Palinuro estará en Vilafranca del Penedès, invitado por los amigos de la ANC en el contexto de las actividades de Fem Futur. Se trata de una charla sobre el espinoso asunto del título: cómo se ve el proceso independentista catalán desde España. Si alguna vez estuvo justificado que retornáramos a la vieja denominación de las Españas, sería esta porque, no hay una única versión sobre el tema, sino varias. Y enfrentadas. Y tambien son distintas las versiones, según qué grupo las adopte dentro de una misma parte de España. 

En general, la opinión pública, movida o manipulada por unos medios de comunicación que son mayoritariamente nacionalistas españoles, es negativa. Empezó siendo de ignorancia. Cuando, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, que daba la puntilla al proyecto de reforma del Estatut de 2006, tomó un nuevo impulso el independentismo que ya no pararía de crecer hasta el día de hoy, siguiendo inveterada costumbre, los medios y los políticos españoles fueron incapaces de calibrar la importancia de este movimiento. Y eso suponiendo que lo intentaran, pues es tal la animadversión a Cataluña de las clases dominantes, la oligarquía tradicional con sus implantes catalanes que normalmente ni se enteran de lo que pasa en el Principado, lo ignoran o lo desprecian. 

De tal modo, cuando el movimiento ha tomado ya un sesgo imparable, con una hoja de ruta a la que le quedan seis meses, el nacionalismo español (el político de derechas o izquierdas, el mediático, el empresarial), ya no se puede ignorar se ha formado un frente nacional de ataque a Cataluña: la mayoría de los catalanes no quiere la independencia, los Pujol son unos presuntos corruptos, Mas es un psicópata, Puigdemont y Junqueras, dos politicastros, el independentismo es nazismo, Cataluña independiente quedará fuera del planeta tierra, la generalitat incumple la ley, el referéndum es antidemocrático, etc., etc. Es difícil saber cuánta gente cree semejantes paparruchas, pero es la mayoría de la opinión publicada.

Por cierto, hay otras Españas. Los de Podemos, en principio, aceptan el referéndum, aunque solo si es pactado. De sobra saben que el Estado español no lo pactará. Pero algo es algo. También saben en JxS que no habrá pacto, pero están obligados a pedirlo. Y lo mismo debiera hacer la candidatura de Sánchez si quiere instalarse en la izquierda y diferenciarse del nacionalismo español de pandereta y cabra de la legión de la caudilla Díaz. 

Y también hay algunos otros españoles que, sin renunciar a su condición de españoles, apoyan el derecho a decidir de los catalanes y un referéndum pactado. Pero, si no hay pacto, un referéndum unilateral. Pero esos, me temo, se cuentan con los dedos de una mano.

En fin, hoy ens veiem, a las 20:00 en el Forum Berger Balaguer, Rambla de Nuestra Senyora, 6. Vilafranca.