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sábado, 20 de enero de 2018

No es no y sí es sí

Por fin está clara aquella confusión entre un "no" que era "sí" y un "sí" que era no. El truco era que había dos "noes": uno que era "sí" y otro que era "no" y dos "síes" igualmente escindidos. Al final cada uno de ellos ha vuelto a su esencia: no a la izquierda, no a un referéndum pactado, no a Podemos y no a una moción de censura con los independentistas, cosa que "cae por su propio peso". Sí al 155, sí a la colaboración con el PP y C's en la gestión de una unión sagrada que solo admite la posibilidad de imponerse.

El problema es cómo y a qué precio. O debiera serlo. Puigdemont tiene derecho a la investidura. Le parecerá una "broma" al PSOE o una "ilegalidad" al Gobierno y a El País, pero tiene derecho y no hay ley alguna que se lo prohíba. Solo hay la voluntad de Rajoy que, al parecer, el B155 y sus allegados están dispuestos considerar la ley. Y ese es el precio que hay que pagar por impedir, contra razón y derecho, la investidura de Puigdemont. Aceptar como ley la voluntad de un individuo que, por supuesto, representa al país ntero ante Dios y la Historia.

La actualidad española es una marmita a punto de explotar. A la esperpéntica situación creada en Cataluña a golpe del 155 se añade el alud de detritus que día a día deja la Gürtel a las puertas de Génova y La Moncloa con la regularidad con que los milkmen repartían las pints de leche por las puertas en Inglaterra. Leche agriada para el gobierno y su partido. Dictaminando en comparecencia tras consejo de ministros, el inimitable Méndez de Vigo zanja la gusanera viva de la Gürtel asegurando que es algo muy viejo y que Rajoy echó a los acusados. Se olvidó de echarse a sí mismo.

No es de extrañar. La confusión creada en la esfera pública española es de tal magnitud que ni los más competentes analistas y comentaristas aciertan ya a orientarse. El otro día encontré a uno que, presa del delirio, estaba a punto de mandar una crónica según la cual los independentistas querían investir a Pujol; Rajoy reclamaba desde Bruselas un careo con Correa; Susana Díaz sostenía haber ganado las elecciones en Cataluña; había una oferta de pacto entre la CUP, C's y los cabecillas de la operación Lezo; el CNI, a las órdenes de Arrimadas, había registrado la sede del Tribunal Supremo; la ministra de Defensa condecoraba a Cipollino y Camps inauguraba los juegos olímpicos en Madrid. Me costó mucho devolverlo a la realidad y, cada vez que lo hacía, se empeñaba en decir que su relato la mejoraba. Lo dejé mandando tuits a la Casa Blanca.

No se sabe a cuál prestar más atención de los dos espectáculos que ofrece el poder, aunque no gratis; lo que viene del poder nunca es gratis: el embrollo catalán o la basura de la corrupción. Esta última tiene mayores atractivos literarios, con personajes únicos, Camps, siempre de esquinado perfil, (a) "el curita", el "Bigotes", Correa, el héroe epónimo de la trama. Una galería fantástica. Y vengan millones, y cientos de millones, viajes, trajes, juergas. La dolce vita y mucho robo Claro que, del otro lado, tampoco se quedan cortos: Rajoy, el caudillo del 155; el triunvirato nacional Rajoy/Sánchez/Rivera y el aprendiz de brujo, Iglesias; Cospedal, la dueña del verbo; Sáenz de Santamaría, Fata Morgana catalana. Otra galería de novela entre gótica y costumbrista y vengan millones otra vez, cientos de millones, cuerpos de ejércitos en lejanas fronteras y fuerzas de seguridad en cercanos pagos y pegos. Mucho pago y mucho pego. Y más robo.

Sin embargo todo esta algarabía se aclara como por ensalmo viendo que, en el fondo, son apuestas personales. El B155 no ve manera de parar la actividad parlamentaria de la Generalitat y se concentra en la caza de la persona, Puigdemont. Frustrar la investidura de este le es un triunfo. Si, además,  pudiera encarcelarlo, tocaría el cielo con la mano. Es lógico: es un combate por la supervivencia personal. Lo ve muy bien Ignacio Varela en un artículo titulado Si Puigdemont se presenta en el Parlament, Rajoy se tiene que ir. Tratándose del coriáceo Rajoy tengo mis dudas. Siempre podrá decir que quien se presentó en el Parlamento no fue Puigdemont sino su ectoplasma. Pero añado los dos huevos duros de Groucho: también tienen que irse los otros dos triunviros, Sánchez y Rivera. 

Es una cuestión de carreras personales y se resistirán como gato panza arriba a restablecer la normalidad institucional. Prefieren seguir en la excepcionalidad del 155, esperando que los indepes se cansen, antes que reconocer que no dialogan con estos porque no tienen nada que decir, nada que ofrecer, sino el mantenimiento permanente de la confrontación.  

Y tengo para mí que esperar cansancio de los indepes es esperar verdad de Rajoy. Para ellos, además, la contienda no es personal, sino ideológica y ahí, todos ellos tienen la supervivencia política garantizada. Porque prevalece una unidad estratégica y no meramente táctica como es la de la unión sagrada. 

viernes, 19 de enero de 2018

La dictadura, el secreto y la razón de Estado

Puigdemont es el legítimo presidente de la Generalitat y, cuando, tras la ronda de consultas con los grupos, el presidente del Parlament legalmente constituido proponga un candidato, será el exiliado en Bruselas. Desde el punto de vista de los indepes se trata de una reposición, ya que el hoy candidato a la investidura no ha dejado nunca de ser el presidente legítimo. Desde el del B155 es una investidura nueva porque Puigdemont hoy es el expresidente de la Generalitat. El asunto es interesante, pero ocioso porque el gobierno pretende, según dice, impedir la investidura de Puigdemont por el método que sea. No va por el cargo; va por el hombre; por el hombre como símbolo de un pueblo. Es una cacería.

Para no aburrir con los sobrados títulos a la investidura de Puigdemont remito al lector a un espléndido artículo de Antoni Bassas que explica ese asunto y otros de este jaez maravillosamente.

Así, ¿qué razones aduce el gobierno para impedir la investidura de Puigdemont? Decía El País el otro día que el MHP "desafía la ley". Pero eso es falso porque no hay ninguna ley que prohíba a Puigdemont ser investido telemáticamente. Ya vimos que el diario llama "ley" al capricho personal de M. Rajoy a través de su interpretación del artículo 155. En España la ley es la voluntad omnímoda de M. Rajoy que se jacta de destituir gobiernos democráticamente elegidos (sic) y de cerrar parlamentos como prueba de la solidez del Estado de derecho español, una democracia fuerte, capaz de defenderse como se demuestra encarcelando primero a unos políticos pacíficos y buscando luego el modo de achacarles algún delito.

Eso es el esperpento y no la investidura telemática de Puigdemont.

La voluntad de M. Rajoy es la ley en España. Añade el susodicho dos atributos de esa ley/voluntad para que se vea su fidelidad a la doctrina de la voluntad/ley: a) es igual para todos; b) hay que cumplirla. Ambas falsas. El propio M. Rajoy y su ministra de Defensa, más conocida como anticipollino, enviaron un contingente militar a Letonia saltándose la ley que obliga a una autorización previa del Congreso. Y no es la primera vez. Está claro: no todos tienen que cumplir la ley y, además no es igual para todos pues con el mismo gobierno no reza. Esto se llama dictadura.

La dictadura ama el secreto. Por eso se ocultó el envío de tropas y se ocultó también que el coste de esta operación fue de 63 millones de euros. Igual que el coste de ese vergonzoso desastre de los piolines  costó 87 millones de euros, cosa de la que acabamos de enterarnos porque el gobierno declaró secreto el monto del coste. No hay dinero para la seguridad social, ni las pensiones, ni el desempleo, ni los dependientes, ni las escuelas, pero sí para dilapidar en secreto cientos de millones en operaciones estúpidas y/o desastrosas. Y también para seguir mangando cargando al contribuyente los miles de millones del pelotazo pepero de las radiales de Madrid para volver a privatizarlas.

No me digan que esto no es una burla sangrante, aunque sigue sin llegar al ultraje a la decencia que supone que Junqueras esté en prisión y Urdangarin en libertad.

Porque todo es secreto en la dictadura. Toda la corrupción de la dictadura ha sido y es secreta. Cifuentes no quería entregar los papeles del Canal, al otro se le perdían los expedientes incriminatorios, la Operación Cataluña, top secret estilo Mortadelo y Filemón. Todo secreto.

Del secreto se ha contagiado la judicatura. El magistrado Llarena ha abierto pieza separada en la causa contra el independentismo y la ha declarado secreta por quince días. La justicia democrática es pública. Solo por razones excepcionales y claramente motivados pueden admitirse procedimientos secretos. Puede que las partes, a las que se ha comunicado la decisión, se den por satisfechas con la explicación, si la hay; pero el público tiene también derecho a conocer por qué motivo (por genérico que sea) se abre una pieza separada secreta. ¿O es que, así como la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, la justicia es la voluntad del juez Llarena? Los tiempos de la "justicia" secreta, los de las lettres de cachet, pasaron a la historia aunque quizá no en España. 

La histórica rivalidad entre el Tribunal Supremo y el Constitucional se nota en que este último, apuntado a la moda del secreto dictatorial, ha suspendido la comisión de investigación de la Generalitat sobre las cargas policiales del 1º de octubre. Es decir, declara secretas las cargas. Si la gente quiere informarse de lo que pasó puede visionar los cientos de vídeos sobre la violencia policial e ilustrarse con las glosas de los ministros, según los cuales, las fotos eran fakes (Dastis, de Exteriores), no demostraban que hubiera heridos de verdad (Catalá, de Justicia) y probaban que los violentos habían sido los manifestantes atacando a la policía (Zoido, de Interior).

Es un muro de desvergüenza y necedad.

Y tanta dictadura, incompetencia, secreto (con expolio), ¿a qué viene? A la última razón de Estado, Cataluña, en cuyo nombre, para cuyo fin, todo medio es bueno, como enseña la doctrina jesuita.  Y todo es todo.

Por eso, porque hemos llegado hasta aquí en el destrozo provocado por esta manga de incompetentes corruptos y nacionalcatólicos, es urgente laa vuelta a la normalidad institucional: retirada del 155, restablecimiento del gobierno legítimo de la Generalitat y dimisión de un presidente de un gobierno que ha sido una verdadera plaga para el Estado.

Y de la izquierda española mejor es no hablar.

domingo, 7 de enero de 2018

El gran robo del siglo

El robo del siglo y del país. Y en más de un sentido.

Es una convicción generalizada: los que venían a gestionar bien, con sentido común, sin gastar más de lo que tenemos, a acabar con el paro en dos años, han destruido, han esquilmado el país. Han descapitalizado todos los servicios públicos, reducido los salarios a la miseria, recortado o suprimido todo tipo de subsidios, arruinado la I+D y expoliado el fondo de reserva de la seguridad social. Y han creado una deuda pública billonaria que habrán de pagar las generaciones futuras.

Un crimen. Perpetrado por una mezcla de incompetencia y corrupción y, la verdad, no se sabe cuál será mayor. Porque sinvergüenzas son un rato largo (mil imputados, se dice pronto), pero estúpidos, aun más. Basta con oírlos hablar, empezando por el presidente de los sobresueldos, que no sabe ni en qué año vive. 

Un crimen palmario, público, evidente, trufado de verdaderas afrentas a la dignidad (y los bolsillos) de la ciudadanía, como los rescates bancarios o el hecho de que Urdangarin y Rato anden por ahí mientras Junqueras y otros están en la cárcel. Paladino, notorio, humillante. Tanto que ya está saltando a los medios internacionales como lo que es, un gobierno de una asociación de presuntos delincuentes (vulgo mafia) .

Claro que no es la resonancia internacional de la corrupción lo que preocupa al gobierno. Si es capaz de censurar y manipular la información interior, más podrá hacerlo con la exterior. Lo que le preocupa es la solidez del apoyo judicial a su política represiva en Cataluña. Represiva y provocadora pues, valiéndose del 155, busca impedir el normal desarrollo de la política institucional catalana a base de torpedear el cumplimiento del resultado de las elecciones del 21D, como se le exige en la UE. Lo que le preocupa es hasta qué punto en Europa se aceptará la excusa judicial para sancionar un estado de excepción que ni hay modo de justificar ni tiene expectativa alguna de viabilidad. En qué medida Europa no relacionará el conocimiento de la corrupción en España, la falta de independencia judicial que denuncian el Consejo de Europa y la Comisión Europa con un procedimiento judicial que tiene caracteres de "justicia política", incluso inquisitoriales.

Si de lo que se trata es de hacer, como dice el abogado de Junqueras, una causa general contra el independentismo, conviene que los estrategas de la derecha piensen en la eventualidad de tener que ampliar la causa a los más de dos millones de votantes de partidos independentistas. 

Para encontrar una cortina de humo capaz de ocultar la catástrofe que han organizado a fuer de incompetentes y ladrones van a necesitar algo más que partir el país que heredaron de sus padres.

sábado, 30 de diciembre de 2017

Al otro lado del espejo

M. Rajoy no vive en la realidad, sino en un apunte contable de la caja B. Pero la realidad vive en Rajoy. Él fabrica la realidad. Nuestros ingresos, nuestros gastos, pensiones, expectativas, nuestras vacaciones, nuestras viviendas, la factura de la luz y hasta nuestros tuits. La realidad es ese conjunto de vaguedades, lugares comunes pelados, silencios viscosos, intenciones torcidas, amenazas, más amenazas, perogrulladas, embustes en que habitualmente consisten las comparecencias de este azote del foro. Da igual por lo demás porque la realidad, en definitiva, es lo que él quiere que sea "en virtud del 155", una norma que no le permite hacer nada de lo que ha hecho, pero sí le permite hacer lo que le dé la gana. Así, tras consultar con su aliado, Rivera, Rajoy advierte de que "la ley no permitirá nuevas rupturas" . Y por ley se entenderá el 155 que, al suspender la Constitución, suspende toda ley excepto la que emane de la voluntad del que la aplica, o sea del dictador.

Una situación de la que es directamente responsable la oposición. PSOE, Podemos, PNV e indepes catalanes tienen en sus manos poner pronto fin a este maelstrom que está devorando la democracia y el Estado de derecho en España. Unos más que otros, cierto. Pónganse todos de acuerdo y presenten una moción de censura para terminar con los desafueros. Resulta inverosímil, dada la posición del PSOE, favorable al 155, incluso por encima de la voluntad mayoritaria del electorado catalán. Cada cual se hace responsable de lo que le parece, como diría M. Rajoy.

Esta situación ya la adelantó Albiol, hoy al frente de un cuarteto de viento en el Parlament por el que sin embargo habla el partido mayoritario en el resto del país. El presidente de este partido, una organización muy mal vista por los jueces y los ciudadanos a quienes ha esquilmado, niega que se pueda ser presidente de la Generalitat en el extranjero y a Urkullu la idea le parece "absurda". Llegará un tiempo en que estas cosas sean posibles en beneficio de todos pero, de momento, la solución es muy sencilla: levántese el 155, exonérese del modo que se quiera a los encarcelados y exiliados, permítase que se constituya el Parlament legalmente y reconózcase lealmente el govern salido de ese Parlament. La cuestión de si ese govern se salta o no la ley no puede prejuzgarse. Debe ser él quien lo decida advertido, además, como ya está con gesto fosco, de que si se sitúa fuera de la ley, de la ley del 155, le caerá un nuevo 155, o el mismo de la quinta anterior.

Este es el escenario previsto. El 155 sigue en funcionamiento y creando una situación de crisis institucional en Catalunya sin precedentes. Los indepes verán si aceptan la convocatoria de Rajoy de constituir el Parlament con candidatos electos en el exilio o en la cárcel y en condiciones de absoluta inseguridad jurídica. Aún no conocemos con exactitud qué derechos políticos son recortados o negados a unos presos preventivos, por qué razón y quién  toma la decisión. Tienen varias opciones que van desde negarse a aceptar la convocatoria por considerarla un chantaje, hasta aceptarla constituyendo el Parlament y posterior govern con substitutos en las listas. Pero esta última, sobre ser prácticamente inviable es inútil porque no resuelve el problema real de la realidad (no de la realidad magmática de Rajoy) que son los presos y exiliados políticos. 

En ningún Estado de derecho puede haber presos políticos, presos de conciencia.

Un conflicto como el de la República Catalana es una cuestión política de rango constitucional que ha de ser tratada mediante negociaciones y acuerdos si es necesario estructurales que vienen exigidos por la voluntad de casi un 50% del electorado y más de dos millones de personas, no por cuatro conspiradores del milenio. Pero también puede verse, y así la ven el gobierno y los jueces, como una cuestión de orden público promovida por unos agitadores al frente de unas turbas y, elevado el tono judicial (que no necesariamente jurídico) como una de delito de sedición, de rebelión, de traición. Cuando se llega a este punto la justicia se convierte en inquisicion y a los ciudadanos se los juzga y condena por sus convicciones.

No es para estar orgulloso. 

No hay más que retirar el 155, detener la represión policial y judicial y ofrecer un referéndum pactado que ya veríamos si los indepes aceptarían tras haber celebrado dos reales (9N 2014, 1/10 2017) y dos al otro lado del espejo (27S 2015, 21D 2017). Si no aceptaran, el conflicto seguramente se enconaría. 

Si aceptaran nos encontraríamos con que en España han costado tres consultas más o menos referendarias así como mil heridos, destrozos, huelgas, agresiones, exilios, multas, cárceles conseguir lo que los escoceses consiguieron tras una breve negociación con el gobierno británico.

Ahora hágase un breve cálculo de eficiencia y aplíquese al confuso triunfalismo del presidente, quien cierra un año sin hablar de la corrupción cuando ya solo debe de quedar él por imputar en la Gürtel.

viernes, 29 de diciembre de 2017

Task Force

España no es un Estado de derecho sino un Estado de hecho. El gobierno ha suspendido la Constitución con el beneplácito de la mayoría de la oposición formalmente para una parte del territorio, materialmente para todo él. La norma suspensiva es ilimitada en tiempo y espacio.

El poder prescinde de formalidades institucionales, comisiones, comités, consejos y se ejerce por la vía personal. El presidente y sus dos aliados forman un triuvirato de acción. A veces deciden crear un grupo de trabajo, una task force, de acción inmediata, según sean las circunstancias, como este acuerdo bilateral Rajoy/Rivera de mantener el 155, la norma de plenos poderes (compartidos, según se ve) de la dictadura. Seguro que este acuerdo levanta celos en el PSOE, excluido de tan trascendental decisión con la que, además, está de acuerdo. En desagravio, habrá nueva foto de a dos, Rajoy/Sánchez o una del triunvirato en plena gloria. El otro partido de la izquierda, Podemos, no suele ser invitado a estas reuniones del mando, aunque su relación con el 155 tampoco es enteramente antagónica, a pesar de su recurso de inconstitucionalidad. Había que recurrirlo, sí, pero en el fondo su aplicación era comprensible por la tozudez de los indepes. 

No gustaron a los triunviros los resultados de las elecciones y no quieren aceptarlos, así que: 155, los presos siguen en la cárcel con sus derechos políticos negados y los exiliados en el exilio en idéntica condición.  

¿Se pueden constituir Parlament y govern en estas circunstancias? Parece poco probable. Sobre todo porque, aunque los indepes aceptaran integrar los órganos sustituyendo a los encarcelados y presos, la situación que se crearía, con una Generalitat dirigida desde el exilio y la cárcel, sería inviable y justificaría el mantenimiento del 155 con la única perspectiva de volver a convocar elecciones que darían un resultado igual o superior del independentismo.  

Raro mérito el del presidente M. Rajoy, ha arruinado el país y lo ha hecho políticamente inviable.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

España Potemkin

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado El país Potemkin. El contenido, sencillo, es una metáfora. España no es un Estado de derecho ni una democracia. No solo porque no quiera sino y, sobre todo, porque no sabe ni puede. El país se ha gobernado siempre así, el Estado ha sido siempre patrimonio de una oligarquía nacionalcatólica, autoritaria, ridículamente imperial y corrupta que no entiende de imperio de la ley, juego limpio, división de poderes, primacía del Parlamento, responsabilidad de los políticos, libertad de expresión, etc., todo lo que constituye un Estado de derecho. Los esfuerzos de la ideología oficial, propalada en todos los medios, por presentar el Estado español -incluso con presos y exiliados políticos- como un Estado democrático de derecho homologable con algunos cirvumvecinos al Norte, Este y Oeste, son vanos. Todo lo más, esta vieja e irreformable estructura oligárquica, heredada de siglos anteriores y exacerbada por el franquismo, llega a ser un remedo, una imitación, que tiene de aquella forma de Estado las bambalinas. Es la escenificación que, según cuentan algunos, hacía el ministro Potemkin, cuando la Zarina viajaba, por ejemplo, por el Dniéper: llenaba las riberas de escenarios de cartón piedra que mostraban felices y prósperas aldeas y sonrientes mujiks. Las llamadas "aldeas Potemkin". España es una aldea Potemkin. Gobernada por los dignos herederos de Franco. Allí donde este puso en pie un remedo de  Estado (en lugar de una junta de militares rebeldes), una ficción, un Estado Potemkin, sus herederos, más audaces, recurren a un Estado de derecho Potemkin.

La versión castellana.


El País Potemkin


Al explicar el resultado de las elecciones de 21D, el gobierno español dice que el fracaso del PP no es de M. Rajoy, quien no estaba examinándose en Cataluña. Que el presidente de los sobresueldos casi fijara allí su residencia durante la campaña y fuera abucheado en las calles repetidas veces no quiere decir nada ni es indicativo de nada. Rajoy no se presentaba. Se presentaba Albiol. Al que el descalabro tampoco debe de afectar porque no dimite. Sabido es que en el PP no dimite nadie, haya hecho o dejado de hacer lo que haya hecho o dejado de hacer. 

El PP no es un partido con sensibilidad democrática. En realidad, no es un partido al uso sino más bien una presunta asociación de malhechores, como dicen los jueces y en las asociaciones de malhechores nadie dimite. Y menos por unas elecciones. En definitiva, tampoco celebran elecciones. Y, cuando lo hacen, se financian ilegalmente y se ganan con trampas

Ni con trampas se han podido ganar en Cataluña y eso parece trastocar todas las teclas del bloque del 155. El gobierno y el Estado español no son un gobierno ni un Estado normales sino unos remedos, unas falsificaciones. Así como el partido gobernante no es un partido sino una asociación de malhechores, el gobierno no es un gobierno sino una oligarquía arbitraria dedicada al saqueo del país que dice administrar y el Estado tampoco es un Estado sino una monarquía tiránica impuesta por un dictador y que solo se mantiene de pie por la imposición y la violencia, mal unida en sus tierras y mal llevada por sus gentes

La idea de que España es un Estado de derecho y un Estado del bienestar avanzado homologable a los de su entorno que propalan los medios de comunicación, los menos fiables de Europa, según dictamina la Comisión Europea, es tan falsa como todo lo demás. Tiene la apariencia de un Estado de derecho y de bienestar, pero se le ve enseguida el engaño cuando el que más presume de ello, Rajoy, es quien ha suprimido la división de poderes propia del primero y el fondo de reserva de la seguridad, propia del segundo.

España, como siempre, es un país de apariencias, una mala imitación, un “tente mientras cobro”, una falsificación y prostitución de los principios fundamentales de los órdenes democráticos propios de Europa occidental contra la cual ha venido luchando incansablemente el país desde el Concilio de Trento. No ha conseguido imponerse, ha salido derrotado y ha tenido que adaptarse a los usos y costumbres de los vencedores a los que, en el fondo, odia. Ha tenido que escenificar una estructura liberal que le es ajena, poner en pie unos decorados ficticios como los que mandaba construir el ministro Potemkin para ahorrar a la zarina Catalina la visión de las miserias del pueblo.

En España no se respetan ninguno de los principios de las tradiciones del Estado de derecho y la democracia: no hay derecho a la información veraz, ni respeto a la voluntad mayoritaria de la población, ni independencia judicial, ni separación de la Iglesia y el Estado, ni control parlamentario del gobierno, ni rendición de cuentas de los gobernantes, ni igualdad de la ciudadanía ante la ley, ni principio de legalidad en la actuación administrativa, ni respeto por los derechos básicos de la población ni siquiera por su integridad física a manos de unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado empleados como tropas de asalto contra las manifestaciones populares pacíficas.

Así, en este Estado Potemkin que es España, la policía puede apalear sin miramientos a decenas de miles de ciudadanos no violentos dejando más de mil heridos sin que ningún gobernante dé explicación alguna ni pida perdón sino que, al contrario, condecoran a los responsables de los excesos. Los jueces pueden imputar y procesar a capricho a los ciudadanos cuyas convicciones les disgusten, amañar el procedimiento y mantener en prisión como rehenes a unos presos políticos a los que liberan o no según criterios subjetivos sobre las convicciones ideológicas de aquellos. Los medios de comunicación ocultan la existencia de presos políticos y la corrupción sistemática del gobierno haciendo demagogia contra una parte del territorio cuya población exige ejercer el derecho a decidir que tienen todos los pueblos de la tierra. Y el Rey puesto puede soltar un discurso de Navidad repleto de tópicos sin reconocer ni una vez que en Cataluña una mayoría de la población ha votado por la independencia y la República. O sea, en contra de él. 

Y el gobierno del Estado que no tiene más representación real en Cataluña que los cuatro diputados del señor Albiol y los policías alojados en los piolines, anima a los partidos perdedores en las elecciones a formar gobierno, quizá en la esperanza de que los que habrían de constituirse en oposición en Cataluña tengan la falta de dignidad de los partidos de la oposición en España y permitan gobernar arbitrariamente a uno en minoría. Porque el parlamento español tampoco es un Parlamento de verdad, sino otro Potemkin. 

lunes, 18 de diciembre de 2017

Rodarán cabezas

Las declaraciones de Sáenz de Santamaría dan la pauta de la situación actual de España como Estado de derecho, basado en la división de poderes. Todo el mundo ha puesto el grito en el cielo y JxC piensa acudir a la Fiscalía con una acusación de prevaricación. Claro testimonio de general indignación. General e inútil porque, aun jactándose de la autoría del encarcelamiento, el gobierno dirá que la decisión la han tomado los jueces. De haber prevaricación será suya. 

La vicepresidenta atribuye el "descabezamiento" del independentismo directamente al presidente del gobierno y dice verdad. Es una de las consecuencias del 155: se procede con el independentismo como con las asociaciones criminales, esto es, "descabezándolas". De lado queda la ironía, hasta el sarcasmo, de quien procede a "descabezar" una asociación criminal siendo ella misma considerada una asociación de delincuentes por los jueces.

La indignación por el evidente atropello de puntos básicos del Estado de derecho como la división de poderes y la independencia del judicial no lleva muy lejos. El gobierno habla de Estado de derecho pero practica lo contrario mediante una ley de plenos poderes a sí mismo. No se le está descubriendo nada nuevo. Lo llama Estado de derecho pero es la tiranía de un partido en "unión sagrada" con los otros dos nacional-españoles que lo apoyan parlamentariamente.

Interesa observar que lo preocupante de esas declaraciones no es cuánto revelan de lo que ya sabíamos sino las intenciones que anuncian. Al jactarse del "descabezamiento" en sede política y electoral, la vicepresidenta está pidiendo el voto para seguir descabezando gente. Es la idea de "escarmiento" de la población que formula el señor García Albiol. 

Lo que hace la vicepresidenta no es confesar un atropello sino amenazar con otros.

viernes, 8 de diciembre de 2017

El franquismo

Realmente entiendo a esas gentes conservadoras y hasta reaccionarias para quienes lo del franquismo es como una necrofilia de la izquierda de la que esta debiera liberarse por su equilibrio mental. Es verdad. Aquí hay Franco y franquismo hasta en la sopa y, sin embargo, sostienen estos ejemplares patricios, Franco lleva más de 40 años muerto y no pinta nada. Así está Comín, de ERC, con ese aspecto de revolucionario en invierno, llamando "franquistas" a los gobernantes. Ya vuelven las vetustas izquierdas por donde solían. Los pardos prados del Edén.

¿Seguro? Mírese con atención la noticia. En esta se da noblemente cuenta de que Toni Comín no se considera destituido porque a él, dice, no lo destituye el fascismo sino la voluntad soberana del pueblo. Obsérvese ahora el pie de la foto. En él se dice que "El exconseller de salud, Antoni Comín...". Es decir, lo da por destituido, diga él lo que diga. Desde un punto de vista material y de aplicación de la fuerza, sin duda, así es. Pero eso es, precisamente, el franquismo, porque desde un punto de vista ético y político el conseller no está destituido; él no lo admite y alguien más, por ejemplo, Palinuro, tampoco. Por entender que esa destitución es ilegal, no ajustada a derecho. Por eso, en estos pagos, Comín es conseller, igual que Puigdemont presidente y Junqueras vicepresidente. Un signo indubitable del franquismo: tener presos políticos y negarlo. En tiempos de Franco, tampoco se admitía que existieran estos presos y se les llamaba "sociales", lo cual introducía fabulosas confusiones en un régimen que encarcelaba a los homosexuales dentro de esa rúbrica y aplicaba la legislación de peligrosidad social vulgarmente conocida como "ley de vagos y maleantes" y todavía más vulgarmente, ya en argot carcelario, "la gandula". Y de los exiliados políticos no se hablaba, salvo para probar que estaban al servicio de alguna forma de la "Antiespaña", así como Puigdemont es, como todo el mundo sabe, el agente ruso Cipollino.

Pero si alguien quiere alguna prueba más fehaciente de la omnipresencia del franquismo y de los franquistas, ahí está Cristina Cifuentes que se queda la última de Filipinas en la negativa de investigar nada del pasado criminal de la dictadura. Cómo será el asunto de horrible que hasta C's se ha abstenido y ha dejado a la presidenta el amargo caliz de defender que no se investiguen los crímenes del franquismo, no porque, siendo tantos, quizá no haya tiempo en esta era geológica sino por alguna otra alambicada razón que ni ella entiende, algo que murmura sobre una "ley de punto final" a la que parece oponerse. Puro franquismo. Daba igual lo que dijeran los gobernantes y eso cuando se dignaban decir algo. Declaraban lo primero que les venía a la cabeza porque sabían que nadie les pediría cuentas de sus palabras. Como Rajoy que, a este respecto, es un franquista de manual. 

sábado, 25 de noviembre de 2017

El Estado de derecho dictatorial

El gobierno había excluido expresamente la radiotelevisión publica catalana del alcance del 155 para no dar la deplorable impresión de que entraba a "liberar" este medio como ya lo había hecho con los estatales, convirtiéndolos en centros de agitprop del PP y la Gürtel. Pero ya ha encontrado el medio de meterle mano ocultando esta, a base de encargar a la Junta Electoral la fea tarea de la censura. TV3 no puede llamar "gobierno en el exilio" al gobierno en el exilio. Claro. ¿Qué sentido tiene que un medio del gobierno llame por su nombre al adversario del gobierno? Es mucho más lógico -y así serán las órdenes- que lo llame "banda de ratas y forajidos" o "Cipollinos". También es lógico, en ese ánimo, obligar a los medios públicos catalanes a cuestionar que hubiera heridos en el referéndum del 1/10; incluso a negar que hubiera referéndum. Y también, ¿por qué no? animarlos a interpretar creativamente la realidad, como hacen los del Estado, que dan una arenga de la vicepresidenta del gobierno contestando a otra previa de Puigdemont que ni siquiera han mencionado.

Al llegar aquí estamos ya en plena dictadura de hecho. De la mano del 155, a su vez ya adelantado por la vigente ley mordaza que viene a ser una especie de 155 avant la lettre, una norma de plenos poderes e impunidad para que la policía reprima y castigue lo que le parezca bien, incluso, por supuesto, imaginarios delitos de opinión, disfrazados bajo otras denominaciones o sin disfraz alguno. El 155 eleva de rango la represión. Y es acicate para que los jueces sigan persiguiendo tuiteros, raza maldita empeñada en tomarse a chirigota los sacrosantos lo que sea.

Esto de las redes e internet los trae locos porque, tras haber comprado a las tripulaciones de los barcos periodísticos, se encuentran con que todos hacen agua por las innumerables vías por las que la verdad sale a flote en el ciberespacio. Por eso vino el Rey el otro día a avisarnos del "peligro de los canales de desinformación". En román paladino, que están preparando la censura en la red y viene este real mozo a salvarnos de nosotros mismos. Así lo anunció Sáenz de Santamaría hace unas fechas, hablando de un propósito de "regular la libertad de expresión en las redes". O sea, ley mordaza en internet, para entendernos.

El consuelo es que, como se ha demostrado en la comisión del Congreso para tratar el divertido asunto del amigo ruso del procés que hasta El País tacha de "esperpento", no solo no tienen prueba alguna de la conjura; tampoco tienen idea de lo que hablan. Escuchar a la diputada hablar de los "sofpapers", así, como suena, es tan hilarante como comprobar que Cospedal, ministra de Defensa del Reino de España, se traga que Puigdemont es un agente ruso con el nombre de guerra de Cipollino, popular personaje en Rusia.

Pero estamos en plena censura en la vida real. La prisión de Alcalá Meco ha devuelto como no autorizada, una Revista de Catalunya dedicada a Prat de la Riba. O sea, la ha censurado. ¿Desde cuándo tiene la destinataria, Meritxell Borràs, mermados o recortados otros derechos que no sean la libertad de circulación? El reglamento penitenciario no permite, entiendo, declarar "no autorizados" más objetos que los que expresamente prevé. Y no están las publicaciones legales y mucho menos por razón de su contenido. 

El 155, que el PSOE apoya junto a C's) es un estado de excepción encubierto que amplía la persecución y censura por razones ideológicas al ámbito judicial. La justicia que está aplicándose es la justicia del enemigo. Obligar a la gente a acatar una constitución so pena de cárcel, algo que ni la propia Constitución puede admitir, lleva la justicia al terreno inquisitorial y, además, no sirve para nada. Carece de legitimidad, aunque amontone toda la legalidad que quiera. 

Y, puestos, ya también se aplica el derecho del enemigo no solo según ideologías nacionales sino también intereses de clase. Esa legalidad que Rajoy y su gobierno abanderan en Cataluña tiene un vicio de raíz que la convierte en legalidad de la Gürtel. En todo caso, el discurso tiene dos afirmaciones: nadie está por encima de la ley y esta, la ley, es igual para todos. La primera es falsa. La segunda, también.

La primera ignora la figura del Rey de derecho y los cercanos a él, de hecho. Ignora, además que los muchos fuera de la ley del partido del gobierno también, en realidad, están por encima de la ley.

La segunda, la de la igualdad, es la manifestación más descarada del dominio de la derecha. España es, por varios conceptos, el país con más desigualdades de Europa, excluidos los antiguos socialistas. Esto es acorde con la doctrina de Rajoy que, en sus años mozos, alcanzó a escribir un artículo afirmando que los seres humanos no pueden ser iguales pues así lo demuestra la ciencia. Es mucha filosofía para Palinuro. Los seres humanos, lo ignoro; pero de que no lo sean los españoles se ha encargado Rajoy y la oligarquía nacional católica para la que gobierna. Una desigualdad lacerante, humillante, impuesta por la prepotencia de quien gobierna de modo tiránico: Urdangarin, Rato, Matas, etc.,  todos en libertad, son un polo de la igualdad española; el otro, Junqueras, Borràs, Romeva, etc., todos en prisión. Si eso no es desigualdad, la palabra no significa nada.

Unos chicos llevan un año en prisión por una pelea en un bar de Alsasua; a otros, que asaltaron la librería Blanquerna, el Tribunal Constitucional los deja en libertad provisional porque encarcelarlos podría provocar "consecuencias irreparables". Que uno de los asaltantes sea pariente de un ministro del gobierno es lo más normal del mundo. Cuando se trata de la justicia del enemigo. 

La defensa del Estado español como un Estado de derecho oculta que este no respeta los dos principios que invoca. Tampoco actúa en el marco de la división de poderes pues el legislativo es irrelevante y el judicial, correa de transmisión del ejecutivo que, a su vez gobierna de forma irresponsable y sin control, valiéndose de una norma de plenos poderes. Y con una creciente injerencia del Monarca en la vida política, pues no podía faltar el toque borbónico. 

Y todo ello sin autoridad alguna ya que la corrupción estructural del sistema lo priva de todo crédito y legitimidad.


lunes, 13 de noviembre de 2017

La Gürtel contra el Estado de derecho

La pregunta que se hacen numerosos analistas es ¿cómo puede seguir en el gobierno un presidente y un partido metidos hasta el cuello en la Gürtel? Suelen añadir que en ningún país de Europa pasaría algo así. Pues, una de dos, o esto no es Europa o Rajoy no tiene nada que ver con la Gürtel. Elijan.

Rajoy tiene todo que ver con la Gürtel. No solo la ha amparado y se ha beneficiado de ella, sino que es razonable pensar que fuera su instigador. El instigador de una asociación que los jueces consideran delictiva.

En efecto, ¿cómo es posible que alguien así siga siendo presidente del Gobierno? Muy sencillo, porque la Operación Cataluña no solo es guerra sucia del Estado, sino amplia cortina de humo para tapar la corrupción estructural del gobierno y su partido. Mientras, tanto, probablemente se seguirán saqueando las arcas públicas. Se tapa así la prueba fehaciente de que España no es un Estado de derecho, diga El País lo que diga. Y no lo es porque no solamente hay quien está por encima de la ley sino también quien está fuera de la ley, en el gobierno y en su partido.

Añádese a esta penosa situación el hecho de que Rajoy gobierna de forma dictatorial. No solo en Cataluña, sino en todo el Estado. Lo que el periódico llama caritativamente "paralizar a sus rivales políticos" en realidad es paralizar las instituciones. Los rivales políticos están literalmente aniquilados desde el momento en que ni siquiera han conseguido derogar la ley Mordaza y la reforma laboral, ni poner una moción de censura, ni... nada. La paralización de las instituciones, en realidad, su destrucción, es más grave. Rajoy veta todas las proposiciones de ley de la oposición con ese ridículo "privilegio presupuestario" y, a su vez, gobierna por decreto. Si no yerro, en lo que va de legislatura, el Congreso ha aprobado dos leyes.

Es una dictadura de hecho por la irresponsabilidad absoluta del ejecutivo, la irrelevancia del legislativo y la sumisión del judicial. De democracia no tiene ni la fachada; basta pensar en los medios. Y la oposición no hace más que el ridículo. 

miércoles, 8 de noviembre de 2017

"La corrupción en estado puro"

Tremendo lo declarado por el inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, ante la comisión del Congreso sobre la financiación oculta del PP. La corrupción en estado puro, dice. Se recordará con qué denuedo se opuso el PP a la constitución de esta comisión. Incluso amenazó con abrir otra en el Senado -en donde cuenta con mayoría absoluta- para fisgar en la financiación de los demás partidos. El llamado truco del ventilador. La forma peculiar del PP de luchar contra la corrupción.

El país lleva más de seis años gobernado por un ciudadano que cobraba sobresueldos en B. Incluso es posible que siendo no solo secretario general sino también ministro o archipámpano de las Indias, porque el registrador de la propiedad ha sido de todo en esta vida excepto registrador de la propiedad. Seis años gobernado por alguien que no hubiera podido hacerlo ni seis minutos en cualquiera de esas democracias a la que, según los ideólogos de la española, tanto se parece esta. 

Y lo bueno es que lo de los sobresueldos ya se sabía desde los tiempos de Bárcenas. Esos papeles cruzados de amarillo chillón con el infamante "M. Rajoy", llevan años circulando. Por cierto, muy apropiado el color amarillo, que es el del escándalo. Por eso se habla de la "prensa amarilla". El amarillo de Los escándalos de Crome, de Aldous Huxley, que se podría convertir en Los escándalos de Gürtel.

Era algo insólito. Nadie decía nada. Y los propios sobresoldados reputaban legítima y legal la práctica y señalaban que sí, que cobraban sobresueldos, pero que los declaraban a Hacienda. Y jugaban a distinguir entre legalidad y moralidad. Es lo que reconoció Rajoy en la famosa comparecencia del 1 de agosto de 2014 (la del SMS a Bárcenas) al llamarlos "pluses de productividad, como en cualquier empresa". 

Parecían considerarlos "normales", pero no era así. En aquellos años de los sobresueldos, con ingresos de unos 20.000 euros al mes, Rajoy se negaba ante las cámaras a decir a un ciudadano cuál era su sueldo y respondía que iba justo y tenía que mirar su cuenta todos los meses porque tenía "los problemas de todos los españoles". Hace falta tener papo. De normales, nada. Y lo sabía. Por esos lo ocultaba. Por supuesto, gobernaba Zapatero; desde que gobierna él, los españoles no tienen problemas. No tienen nada. Ni problemas.

La sospecha de haber cobrado sobresueldos en B era suficiente motivo de dimisión en 2012. Sigue siéndolo. Y más, porque la sospecha ha cristalizado en una acusación formal sostenida por los peritos. 

Pero no haya cuidado. No pasará nada. La preocupación por Cataluña ha relegado a tercer lugar la preocupación por la corrupción. Y eso que la autoridad de este gobierno y su partido para imponer legalidad alguna en Cataluña que no sea la de la Gürtel es 0.

sábado, 16 de septiembre de 2017

El argumento del matón

El empeño del independentismo de celebrar un referéndum perfectamente legítimo para averiguar qué desea el pueblo de Cataluña esta revelando las miserias de la hasta ahora larvada dictadura española, oculta tras una leve pátina de democracia que se cae a trozos a marchas forzadas. Era muy fina la pátina y muy escaso su alcance, pero gozaba de la complicidad de los medios de comunicación, las elites políticas y económicas y la complacencia de la oposición. Creían que con dos o tres concesiones harían pasar por democracia y Estado de derecho lo que no era -y es- más que la arbitrariedad de un gobierno no sometido a control parlamentario real sino solamente ficticio, que domina los medios de comunicación públicos empleándolos como maquinaria de propaganda, interfiere en la administración de justicia, pone a su servicio el poder judicial y trata de ocultar un estado de corrupción galopante que ha podrido el conjunto del sistema hasta el punto de su más absoluta deslegitimación.

Ayer mismo se supo que otro exministro del presidente de los sobresueldos, el pío y devoto Ruiz Gallardón, empeñado en salvar a las mujeres del maligno a base de prohibirles el aborto, como anhela la Iglesia católica, está imputado en un presunto latrocinio de 70 millones de Euros. Rezan a Dios y roban al pueblo. Si hay una imagen típica de un sepulcro blanquedo es la de este modoso caballerete que según parece, se dedicó a vaciar las arcas municipales en su beneficio y el de sus compis de partido estatales, autonómicas y provinciales. Rajoy cuenta ya con tres exministros en diversos trances procesales: Ana Mato, José Manuel Soria y Alberto Ruiz-Gallardón. Si añadimos el mismo presidente -sospechoso de cobrar sobresueldos en B-, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Federico Trillo y otros peces menos gordos pero no menos voraces, entenderemos que algún juez haya considerado el PP como una presunta organización de malhechores y probablemente se quede corto ya que ese partido parece más una organización criminal dedicada literalmente al saqueo de España.

Todo esto y muchas más tropelías están saliendo a la luz gracias a la actividad del independentismo catalán, confirmando una vez más la tesis de Palinuro de que Cataluña es la única oposición real a este régimen putrefacto de la oligarquía tradicional de incompetentes en España. Los otros partidos parlamentarios solo son la lamentable muestra de la impotencia de una izquierda que carece de todo horizonte ideológico, por haberse puesto literalmente al servicio de la oligarquía franquista hoy gobernante.
Al frente de este contubernio de mafiosos se encuentra un hombre como Rajoy, cuya integridad moral está a la misma bajura que su coeficiente intelectual. Solo teniendo esto presente puede entenderse que haya tenido el desparpajo -y la prensa lacaya la servidumbre de llevarlo a portada, convencida de que se trata de un hecho democrático- de emplear el típico argumento del matón del barrio que amenaza a quienes quieren hacer algo que a él no le gusta con partirles la cara. Su razonamiento es justo el mismo que el del sobresueldos.

1.- Señalo los límites de la acción política justa como me da la gana.
2.- Lo llamo "legalidad".
3.-Te empeñas en hacer algo que la sobrepasa
4.-Me veo obligado a partirte la cara.
5.- La culpa de que yo te parta la cara la tienes tú. No quería, pero no tuve más remedio.

Rajoy sigue cometiendo todo tipo d desmanes: cobrar de caja B y mentir a la ciudadanía, esquilmar el fondo de las pensiones y dejar descapitalizados los servicios públicos para privatizarlos y que sus amigos hagan negocios, financiar los gastos que genera la atención de su padre, gran dependiente, con dineros públicos que niega a los demás.El problema es que, como todo, le importa un rábano pues él lo que quiere es pasearse por la plaza de su pueblo.

El rasgo más obvio del gobierno de Rajoy es el abuso poder  que está formulado en ese argumento del matón: tu mera existencia es una provocación en toda regla porque te aferras a unos derechos que yo no te reconozco. Por lo tanto me veo obligado a machacarte, pero la responsabilidad del machaque es tuya.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Últimas noticias sobre la dictadura

A quince días del referéndum catalán de autodeterminación, se acelera la deriva dictatorial de un gobierno que está perdiendo el control y llevando el país a un punto de estallido. A la falta de autoridad y legitimidad de ejercicio por la corrupción que lo caracteriza se añade una serie de medidas que parecen pensadas, no para resolver los conflictos, sino para agravarlos. Y probablemente sea así: una provocación permanente en la esperanza de generar una rebelión que justifique medidas excepcionales.

I.- La fiscalía, punta de lanza de la agresividad del poder contra la ciudadanía, ha impuesto la censura en TV3 y conminado a cientos de de funcionarios de la Generalitat, amenazándolos con represalias si secundan las órdenes de sus superiores, es decir, si no desobedecen las órdenes de estos. Conviene recordar aquí que, no existiendo en España el eximente de obediencia debida frente a órdenes injustas y/o ilegales, esta circunstancia opera en ambas direcciones, generando mayor conflicto.

II.- Un juez de lo contencioso, de probada trayectoria política reaccionaria, ha prohibido el acto público previsto para el próximo día 17 en apoyo al derecho a decidir de los catalanes.  Siendo de criterio político opuesto a la ideología del acto, la decisión es sospechosa de prevaricación por actuar el magistrado como juez y parte. ¿Resultado, aparte del escándalo que esta prohibición suscita? Que los organizadores hayan decidido desobedecer al juez y mantener el acto, lo que forzará al gobierno a incrementar la represión o a desobedecer él también el mandato judicial. Una situación explosiva, aparte de ridícula.

III.- La farsa en que se ha convertido el gobierno del presidente de los sobresueldos está provocando un movimiento de desobediencia cada vez más generalizado. Su insistencia en imponer a los demás una legalidad hecha y deshecha a su medida ya solo encuentra apoyos entre una oposición cada vez más enfangada en su complicidad con esta restauración de la dictadura que ya está persiguiendo "delitos" de opinión, esto es, pisoteando la libertad de expresión.

IV.- Hace tres días se incendió el Palacio de Justicia de Valencia, destruyendo las pruebas acumuladas de los presuntos delitos de los miembros del PP en esa Comunidad. La idea de que se trata de un incendio intencionado y, por tanto, otro delito más, debe contrastarse con un criterio básico en toda investigación criminal: ¿a quién beneficia el delito? En la respuesta hay una poderosa pista sobre quién pueda ser responsable por obstrucción a la justicia.

V.- A las medidas represivas, censoras y autoritarias y los accidentes fortuitos (acompañados del continuo rosario de muertes también fortuitas de personas relacionadas con los procesos) se une una sistemática campaña de amenazas y coacciones de las autoridades. Respalda y magnifica estas prácticas mafiosas una caterva de medios de comunicación y publicistas comprados con dineros públicos, obviamente malversados.

VI.- El fiscal Maza, reprobado por el Parlamento, igual que su jefe, el ministro de Justicia, y hombre por debajo de toda sospecha, ordena citar a 712 alcaldes catalanes que han dado apoyo al referéndum y detenerlos en caso de incomparecencia. La desmesura de esta decisión se hace patente cuando se recuerda que, en los países civilizados, especialmente los de tradición romana, los alcaldes son la base misma del sistema de libertades. A ello se añade que, si bien la mayoría de ellos, de JxS, acudirá a declarar, los de la CUP ya han anunciado que no lo harán. Son 16 y está claro que ponen al gobierno en la disyuntiva de tolerar su desobediencia o encarcelarlos. Serán los primeros  probablemente  seguidos por los de ERC y JxS. Al final, más de 700 alcaldes encarcelados. Una situación explosiva que solo se explica por la incompetencia de las autoridades.

VII.- Por orden de un juez, la guardia civil ha cerrado la página web de la Generalitat sobre el referéndum. De inmediato se han puesto en marcha otras dos con servidores en otros países. La censura llega a las redes. Seguramente, el gobierno más corrupto de Europa pedirá cerrar internet. Algo imposible que provocaría la condena unánime en el exterior.

Sos dos fuerzas en crecimiento y orientadas al choque: la corrupción y el latrocinio del PP, que no cesa, y la libertad de expresión en las redes que el gobierno no podrá yugular. De ahí está naciendo un espíritu de desobediencia civil frente a una tiranía ridícula (para el siglo XXI) y desaforada. Lo encabeza el presidente y todo el gobierno catalán y eso no hay quien lo pare.

VIII.- Frente a ello, la actitud del PSOE entra en el terreno de la infamia. Su respaldo sin fisuras (la tímida reclamación de un diálogo de Sánchez no pasa de ser una mera súplica) a la política de represión y persecución del PP, fortalece a Rajoy, cuya dimisión habíase comprometido a pedir el secretario general en las primarias. Algo que no solo es moralmente detestable sino prácticamente estúpido porque no se traducirá en un incremento de intención de voto del PSOE, aunque las encuestas manipuladas de sus amigos se lo hagan creer a Sánchez. Si los socialistas van de comparsa con los franquistas, los votantes preferirán siempre el original a la copia.

IX.- Fraccionado en un mosaico de tendencias, la ambigüedad de Podemos y sus aliados los Comunes, que tratan de nadar y guardar la ropa en el referéndum también les pasará factura en las próximas elecciones. Únicamente se salvan de esta lamentable claudicación los anticapitalistas de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán y el líder de Podem, Albano Dante Fachín. Los únicos que tienen la dignidad y la coherencia de exigir la legalización del referéndum.

Resulta patente a estas alturas que, si no se quiere llegar a una putrefacción total, es urgente sustituir el gobierno de Mr. Sobresueldos por otro demócrata. Y solo hay un camino: una moción de censura inmediata, apoyada por el PSOE, Unidos Podemos y los indepes catalanes que permita negociar un referéndum pactado.

Es la única salida so pena de seguir con la deriva dictatorial del gobierno de la corrrupción.

Recuérdese que los indepes todavía tienen una baza de consecuencias todavía más graves para el Estado español: una declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament. Una DUI acabaría provocando una intervención exterior. No se olvide que muchos conflictos internos españoles, incluida la última guerra civil, se han "resuelto" con la injerencia de fuerzas foráneas.

sábado, 9 de septiembre de 2017

La vergüenza de España

En el Canadá y en el Reino Unido puedes hacer un referéndum de autodeterminación sin que todas las fuerzas de la tierra y del cielo vayan contra ti. Como se te ocurra hacerlo en España, puedes acabar en la cárcel... de momento.

A ella te habrá llevado un gobierno presidido por un presunto cobrador de sobresueldos en negro, repleto de ministros reprobados, directa o indirectamente relacionados con la corrupción de la Gürtel, apoyado por un partido con casi mil imputados en procesos penales básicamente por ladrones, fundado por un ministro falangista del dictador Franco, Manuel Fraga Iribarne y dirigido por el discípulo tonto de otro ex-ministro franquista y ultraderechista aristocratizante, Gonzalo Fernández de la Mora. Un gobierno y un partido corruptos hasta los goznes.

Dicho lo anterior, ¿qué más cabe añadir?

Sí, algo más: la "oposición" socialista apoya sin fisuras este gobierno franquista. Además de coincidir básicamente con el ideario nacionalcatólico de la impresentable derecha cerril, la coincidencia se hace hermandad de armas cuando se trata de machacar a los catalanes y sofocar como sea que en Cataluña pueda la gente decidir libremente su destino, como desea el 75 por ciento de la población, o sea aproximadamente cuatro millones y medio de ciudadanos.

¿Cómo se puede decir que se es socialista e impedir que cuatro millones y medio de personas puedan votar? Sencillamente: aceptando las tergiversaciones y falacias de esta corrupta derecha franquista en el gobierno que oscilan desde las majaderías del Sobresueldos sobre la "mayoría silenciosa" a los increíbles apotegmas de la vicepresidenta cuando dice que "Puigdemont quiere un referéndum en lugar de escuchar a los catalanes". Difícil imaginar una estupidez mayor, como si los referéndums no se hicieran precisamente para escuchar a la gente.

Y no solo los socialistas se han puesto incondicionalmente a las órdenes de estos franquistas y sus sofismas sobre la legalidad sino también, aunque de modo más sinuoso y ambiguo, los de Podemos que quieren un referéndum pero no quieren un referéndum y lo invocan mientras lo boicotean, en el estilo de su amiga la oportunista Ada Colau.

Nadie sabe qué pueda pasar pero ya hay muchas cosas claras. Los franquistas están en la restauración de la dictadura y acabarán volviendo a criminalizar las ideas. Con los jueces a su incondicional servicio, los medios de comunicación todos vomitando insultos al unísono y los fiscales pidiendo que se cierre internet, vaya papel que está haciendo la izquierda, al servicio de la derecha.

Qué vergüenza de país.

sábado, 2 de septiembre de 2017

La política del terror

La expresión de Turull no es muy afortunada: si alguien insinúa obviamente es porque no quiere decir. Prefiere dejar caer la sospecha y que sean los demás los que digan. Incluso como desafío, cual es el caso del Conseller. Pero se le entiende perfectamente: aquí hay quien lanza sospechas sobre los cuerpos de seguridad catalanes. Hay quien duda del recto proceder de las autoridades catalanas .

Desde luego, el descalabro del atentado fue inmenso. Y lo ha padecido la comunidad. Un atentado indiscriminado, a voleo, hecho por un poseído en amok, es un atentado contra la comunidad. Para reaccionar, esta tiene que mostrar su unidad. Y aquí reside el problema, en que estos enfrentamientos no se dan en una comunidad unida sino en una profundamente dividida.

En un muy perspicaz artículo, De Aznar a Puigdemont: trece años después la historia se repite, Ignacio Varela hace una melancólia reflexión sobre las causas de que España gestione, por así decirlo, tan mal estas cuestiones críticas, como los atentados. Establece un paralelismo entre las motivaciones de Aznar en 2004 y las de Puigdemont en 2017 que no me parece enteramente justa. Pero eso no es ahora decisivo, sino la analogía que traza el articulista entre 2004 y 2017. Lo cual es muy cierto y está bien visto, pero no cabe olvidar que ambas fechas tienen elementos distintos y también idénticos. En ambos casos el protagonista es el mismo, el PP en el gobierno. Lo que varia es la contraparte, en 2004 (y años subsiguientes), el PSOE; en 2017 (y los que vengan) los indepes catalanes. Y en ambos casos también se trata de la costumbre del PP de instrumentalizar los atentados sangrientos con fines políticos, cosa que no se puede poner en pie de igualdad con los actos de las contrapartes que, además, obedecen a factores distintos.

Análoga es también la función de los medios de comunicación, apoyando teorías conspirativas. La finalidad es siempre la misma: sembrar la duda sobre el comportamiento de los adversarios, insinuar ilícitos, posibles delitos con el fin de deslegitimar, atacar y, de ser posible, extirpar las opciones políticas ajenas. Relacionar el independentismo con el terrorismo yihadista es la finalidad de estas maniobras.Y lo que se persigue con ellas es extirparlo. Al coste que sea. Lo dijo un alto cargo de Interior en su comparecencia en la Comisión de investigación sobre su ministerio. Preguntado qué estaba dispuesto a hacer por la patria, respondió "todo". Añádase la reciente reflexión de García Margallo de que "Un ataque terrorista se supera; la disolución de España es irreversible" y se verá que ese "todo" del alto cargo de Interior quiere decir eso, "todo".

El próximo 26 Rajoy será recibido por Trump en la Casa Blanca. A saber lo que nos habrá costado esa entrevista. Quizá nos enteremos cuando se desclasifiquen los correspondientes papeles. Porque el de los sobresueldos lleva un objetivo concreto muy caro de conseguir: un pronunciamiento de Trump en contra del independentismo del que sin duda Rajoy insinuará que no lucha con suficiente denuedo contra el terrorismo que nos amenaza a todos.

lunes, 14 de agosto de 2017

Desde mi más profundo desprecio

(Me dicen que este artículo de Palinuro, publicado el 4 de febrero de 2016, hace año y medio, está haciéndose viral en Twitter, aunque no siempre figura el nombre del autor. No por hacerlo constar -que, en el fondo, tanto me da- sino por facilitar su correcta difusión, lo reproduzco aquí. El contexto: tras las elecciones de diciembre de 2015, Rajoy, sin mayoría absoluta, no formó gobierno; dejó paso a Pedro Sánchez, quien no pudo ser investido por el voto contrario del PP y Podemos juntos en lo que quizá sea la decisión más estúpida de la formación morada; y ha tenido muchas. La decisión que obligó a las elecciones de julio de 2016 que nos han traído a la infumable actual en la que el país está gobernado por gente indescriptible que ya no da ni vergüenza)


Parece que, por fin, se van ustedes. Usted, aferrado a la poltrona como una garrapata, resistiéndose con todas sus fuerzas y dispuesto a que el país se hunda antes que abandonar su puesto en La Moncloa, en el que no ha hecho usted más que daño a la inmensa mayoría de los españoles. Mentiroso, altivo, autoritario y servil con los de arriba, presunto corrupto y amparador de corruptos y ladrones, falso, inculto, vulgar y pretencioso, realmente es usted una vergüenza para cualquier país civilizado. Y la banda de ladrones a la que llama usted partido, cortada a su imagen y semejanza. O al revés, tanto da.

No han dejado ustedes un euro público sin metérselo en el bolsillo; han robado en prácticamente todos los cargos públicos que han ejercido. No hay más que ver Valencia. Han malversado, despilfarrado o simplemente trincado en todas las actividades de la administración pública, en las adjudicaciones, licitaciones, contratas, concesiones y subvenciones. Se han apropiado dineros públicos de todas partes, desde las instituciones más solemnes a los colegios de niños y los programas de solidaridad internacional, desde las dotaciones de infraestructuras hasta las contratas de suministros a los hospitales. No es que carezcan ustedes del mínimo sentido de la ley moral kantiana; es que son ustedes una banda de granujas.

Constituyó usted desde el pincipio un gobierno de analfabetos, imbéciles, psicópatas, corruptos, meapilas, cínicos sin escrúpulos, ultrarreaccionarios, aprovechados e inútiles, todos, claro está, muy atentos a lo que pudieran afanar y cómo podían amargar la vida a la gente despojándola de todo. Han provocado ustedes una involución democrática única, según sus cánones neofranquistas. Han reprimido los derechos y libertades, suprimido la democracia en los espacios públicos. Han esclavizado a los trabajadores, empobrecido a la gente y obligádola a emigrar,  aumentado la cantidad de parados sin prestación, robado a los pensionistas, privado de ayudas a los dependientes y esquilmado el erario

Han corrompido el Estado de abajo arriba, han llenado la administración de funcionarios venales, parientes, enchufados, deudos, allegados o simples pelotas; han destruido la objetividad de los medios de comunicación públicos, empleados sistemáticamente como aparatos de agit/prop, de ese fascismo "amable" y sonriente que los caracteriza y que llaman ustedes "liberalismo"; tienen periodistas-provocadores directamente a sueldo de ls grandes empresas como el Corte Inglés (y a saber cuántas más), engañando a toda la ciudadanía, verdaderos esbirros como la colección de sinvergüenzas que según parece han cobrado sobresueldos o han estafado en Valencia, Galicia, Madrid, etc.

Y han destruido ustedes el país por su infinita codicia, mezclada con su incompetencia e irreductible estupidez. Los catalanes se van y hacen bien porque nadie con un ápice de dignidad puede soportar estar gobernado por un hatajo de sinvergüenzas, corruptos y ladrones.

Un desastre que durará muchos, muchos años y el principal responsable es usted, el de los sobresueldos. Váyanse ya rodeados todos del oprobio, el ludibrio y el desprecio de sus conciudadanos. Pasen antes por caja, devuelvan lo afanado y preséntense al juez.

domingo, 30 de julio de 2017

Camino del estado de excepción en Cataluña

El Sobresueldos dice a quienes quieren oírlo –que cada vez son menos, pues es obvio que el hombre no dice una verdad así lo aspen- que el referéndum del 1/10 no va a celebrarse porque es inconstitucional y por lo tanto ilegal. No perderemos tiempo en analizar sus razones porque no merece la pena. Los conceptos de “constitucionalidad” y “legalidad” han quedado fulminados con un gobierno corrupto hasta los calzones, cuyo sentido de la legalidad es como el de la honradez y uno que ha hecho mangas capirotes con el Tribunal Constitucional hasta el punto de convertirlo en una especie de consejillo político de gentes adictas.

Nos dedicaremos mejor a los aspectos prácticos. Exactamente, ¿cómo piensa Rajoy impedir ese referéndum que la Generalitat está empeñada en celebrar y contra el que, en realidad, no tiene razones? ¿A qué medios recurrirá? Según la inteligencia más aguda del gobierno, no se considera conveniente la aplicación del artículo 155 CE. Sáenz de Santamaría pasa por ser esa inteligencia más aguda; imagínese cómo serán las menos agudas, por ejemplo, la de Rafael Hernando.

Además de descartar el empleo del art. 155, tampoco goza de grandes simpatías la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ese bodrio arbitrario que cocieron en 2014 entre Rajoy y Rubalcaba en contra de los catalanes. El ejecutivo se resiste asimismo a aplicar la legislación de excepción por la mala imagen exterior de España.

Y, si ya no cabe bombardear Barcelona cada cincuenta años (los últimos bombardeos fascistas tuvieron lugar en 1938), ni enviar al ejército, ¿cómo va a impedir el también conocido como “señor de los hilillos” que los catalanes celebren su referéndum? El recurso a la ilegalidad de la guerra sucia tampoco parece dar ya buenos resultados. Se encomendó a la pareja de psicópatas al mando del ministerio del Interior que lo dejaron todo peor que estaba y ha quedado reducido a una comisión de investigación y un documental sobre “las cloacas del Estado” que pone los pelos de punta.

Cabe esperar una reacción típica de este gobierno que ha conseguido ya batir todos los records de corrupción a escala mundial, consistente en su inveterada práctica de decir una cosa y hacer otra, generalmente la contraria. Uno de esos casos es el de las recientes actividades de la Guardia Civil en el Principado que está actuando, según parece, por iniciativa propia, sin respaldo de mandato judicial y siguiendo órdenes de no se sabe quién, aunque se intuya.

Cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúan por iniciativa propia, sin cobertura de autoridad legítima, se convierten en organizaciones ilegales, de carácter parapolicial y cabe hablar de un estado de excepción más o menos encubierto. La arbitrariedad del poder consiste en ignorar y silenciar las actividades presuntamente ilegales de la Guardia Civil y completar la amenaza de estas con recursos de inconstitucionalidad de carácter preventivo ante un Tribunal Constitucional que opera como un brazo ejecutor de la política del gobierno, ajustando sus tiempos a las necesidades de este.

Parece claro que el gobierno movilizará a sus jueces y tribunales para dar una apariencia de legalidad a lo que no es otra cosa que una imposición arbitraria del poder. En un alarde de modernidad “democrática” esta derecha parece decidida a sustituir a los militares por los jueces y con los mismos fines represivos. Añaden los más viejos del lugar que no conviene confiar en que dicha substitución sea definitiva, salvo que los jueces consigan una “pacificación” de esa díscola población, como la de los militares, cosa poco probable.

Queda claro que el presidente sobresoldado no tiene ni idea de cómo resolver el “problema catalán” y que confía en su habitual recurso de la inacción, en el entendimiento de que si esta no consigue parar la consulta, se echará mano a los demás recursos, empezando por el uso de la fuerza.

De hecho ya se ha comenzado con las actividades de la Guardia Civil sin el correspondiente amparo judicial. Piénsese en qué puede pasar si en el curso de estos interrogatorios a los cargos públicos y funcionarios de la Generalitat, sucede alguna desgracia, prevista o imprevista. Para curarse en salud, la Generalitat ha denunciado en el juzgado a la Guardia Civil, supongo que por extralimitación de funciones y abuso de poder. A su vez, la Guardia Civil ha pedido amparo a los Mossos d’Esquadra frente a la manifa que la CUP tiene anunciada para mañana frente a su casa cuartel.

Está provocándose una situación de enfrentamiento institucional y desbarajuste de gobierno, lo que no es menos alarmante por el hecho de ser lo esperable en unos gobernantes neofranquistas cuyo espíritu democrático es inexistente.

Del otro lado, es llamativo el silencio de la izquierda no independentista, tanto española como catalana. Los Comunes todavía no han encontrado tiempo para condenar la actividad presuntamente ilegal de la Guardia Civil. Y PSOE y Podemos guardan un silencio cómplice frente a las arbitrariedades en Cataluña. Es de recordar aquí el famoso texto erróneamente atribuido a Brecht, siendo de Niemöller, acerca de quién no actúa y se rebela contra las injusticias porque afectan a otros sin darse cuenta de que él siguiente en la lista será él. Lo mismo con la izquierda: si esta no tiene la entereza y el espíritu de denunciar las arbitrariedades contra los independentistas, cuando los neofranquistas vayan por ella, tampoco habrá quien la defienda. No se olvide que el Sobresueldos, el gobierno y el PP actúan de acuerdo con pautas democráticas porque no les queda más remedio, igual que Rajoy tuvo que declarar ante el juez por obligación y a rastras, aunque luego dijera, con su habitual cinismo, que estaba contento de haber colaborado con la justicia. Ellos actúan más a gusto en contextos autoritarios.

Podemos no está jugando limpio en el asunto del referéndum y las declaraciones de sus dirigentes cada vez se parecen más a las del PP. El PSOE comulga con ellas de antes. Su propuesta de reformar la Constitución para neutralizar el referéndum es tardía, inviable y pobre. Cuando le aprietan las clavijas en asunto de la nación catalana, el PSOE camina del brazo del PP. Y que no se le ocurra aventurarse por vías nuevas, que llega la caudilla del sur, enarbolando la bandera de la una, grande y libre y empieza a mover la silla de Sanchez de nuevo. El plurinacionalismo es una bagatela y, aun así, despierta las iras encendidas de los socialistas más carpetovetónicos.

En resumen, una izquierda inútil, incapaz de aportar soluciones a los problemas colectivos si no es aceptando el marco conceptual y la idea de España de la derecha. Algo completamente absurdo porque esta tiene un interés patrimonial en el asunto (ya que considera que España es su cortijo y los españoles, sus esclavos), pero aquella, la izquierda, no tiene –o no debiera tener- otro que la justicia y el respeto a los derechos de los pueblos. De todos. No solo del suyo. Pues cuando solo se tienen en cuenta las intereses del pueblo propio, no se tiene en cuenta ningún interés salvo el del partido.

lunes, 17 de julio de 2017

Todo tiene un precio

He leído comentarios encendidos sobre la decisión del Consistorio de Guadalajara de cobrar por la exhumación de Timoteo Mendieta. Tachan a los ediles del PP –los firmantes del recibo- de “ratas”. Es una injusticia. No creo que haya o haya habido rata alguna capaz de hacer con una semejante lo que los regidores municipales han hecho con Timoteo Mendieta. Ni rata, ni roedor, ni mamífero alguno, a excepción del hombre.

Por eso, el gesto del gobierno de la vara no es comparable a nada, salvo a sí mismo. Es un gesto de hombre. De homo sapiens, que dice regirse por la norma de oro de la moral de “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. Tres veces se ha manifestado el mismo espíritu cainita a lo largo de las generaciones: una, cuando asesinaron a Timoteo; dos, cuando silenciaron su memoria; tres, cuando se penaliza su exhumación.

Los autores de las tres monstruosidades no son físicamente los mismos. Sí lo son política y moralmente.

domingo, 2 de julio de 2017

Una historia de ladrones

En 2011, este sinvergüenza decía esto:




y en 2017, el fondo de las pensiones, saqueado por la banda de presuntos delincuentes estaba así




No ha "congelado" las pensiones.

Las ha saqueado en su propio beneficio y el de sus cómplices. Este año no había dinero para pagar la extraordinaria de julio y en un par más de meses no habrá dinero para las ordinarias.

Lo han robado todo y lo llaman crisis.

Ahora van ustedes, sobre todo los jubilados, y vuelven a votar a estos mangantes.

lunes, 26 de junio de 2017

El Estado cloaca

Supongo que el programa de Évole tendrá máxima audiencia. El excomisario Villarejo aparece por la tele a hablar sobre asuntos de enorme gravedad, sucios, ilegales, delictivos, inmorales. Sobre los que podría haber hablado en sede parlamentaria de no ser porque el PP, el PSOE y C’s se opusieron a su comparecencia en la comisión que investiga la presunta “policía política” y otros tejemanejes de Interior. Algunos con soporte de grabación de conversaciones ignominiosas, que han dado lugar a sospechar de una “operación Cataluña” o guerra sucia contra el independentismo catalán. Por qué una comisión que investiga unos hechos se niega a escuchar las declaraciones de quien parece estar directamente involucrado en ellos es incomprensible. Salvo que se dé algún tipo de complicidad. No queda bien el “nuevo” PSOE obstaculizando la averiguación de hechos de interés general. 

Desde luego, Villarejo no ha ido a la tele a la fuerza, sino voluntariamente. Es verdad que se trata de una voluntariedad relativa pues el hombre no tenía opción real: la tele (Salvados) o nada. Es lo que los especialistas en teoría de decisiones conocen como “elección de Hobson”. Por supuesto, podría haber decidido seguir en silencio, pero justamente esa no era una opción porque lo quiere nuestro hombre ahora es hablar. Cosa que cree le conviene porque está atacado por muchos flancos. Y se defiende contraatacando, vieja táctica. Y tan vieja, pues la aplica a asuntos del franquismo, recordando que fue policía de la siniestra BPS. En lo más reciente empieza hace más de treinta años (el juez Garazón) y llega a ahora mismo (la doctora Pinto), pasando por todas las etapas intermedias (los Pujol, el Rey y su amiga, el CNI, Bárcenas y hasta el Yak42), sin dejar títere con cabeza, excepto la suya, siempre tocada con una gorra de chulapo.

Antes de seguir, un breve apunte. Fue Garzón, si no recuerdo mal, quien introdujo en España la figura de los “arrepentidos” por su utilidad en la instrucción penal. Estos venían de los pentiti italianos que testificaban contra la Mafia. Primero se emplearon en los procesos de narcotráfico y de ahí pasaron a ser requeridos en otros delitos con connotaciones políticas, singularmente los GAL. Aquí ya pudieron aparecer otras motivaciones en el “arrepentimiento” que la sola de aligerar la pena. Dada la relevancia mediática que alcanzaban (caso del policía Amedo) otros procesados buscaron por su cuenta acceso a los medios (caso Sancristóbal) para así influir en el proceso en su favor. El arrepentimiento ya no contaba. Se trataba de exonerarse acusando a los de arriba sin pruebas.

Eso es lo que ha hecho este pintoresco personaje que tanto recuerda a otro, Paesa, del que el mundo apenas tiene noticia, a pesar de haber sido decisivo en el famoso caso Roldán, de insólita memoria. El hombre comparece ante el pueblo y cuenta su historia, obviamente porque le interesa y como le interesa. Reparte estopa a granel, a Margarita Robles, a Cosidó, al exRey, a su amiga, a su enemigo el jefe del CNI. Hace eso que se llama “tirar de la manta” en varios asuntos, como el Yak42, los Pujol. Y todo apoyado rigurosamente en ninguna prueba. Por lo cual el auditorio puede pensar que dice verdad o un conjunto de patrañas o ambas cosas a la vez, como suele suceder. 

Pero algo trae este programa: mayor confusión aun en un paisaje deprimente de corrupción generalizada en el que pululan comisarios, subcomisarios, policías, detectives, espías, delincuentes, de los que salen informes falsos, presuntamente ordenados por responsables políticos que despliegan una maquinaria de guerra sucia contra sus adversarios y financiada con dineros públicos. Cosa de interés, dado que muchos de esos responsables y los funcionarios a sus órdenes y, desde luego, los policías en cuestión, no tienen nada clara la distinción entre el erario y su bolsillo.

Todo lo que los gobiernos de Rajoy han hecho es, por lo menos, ilegal. Empezando por su triunfo en unas elecciones a las que el PP concurrió, como al parecer hacía siempre, con financiación ilegal. Y continuando con sus gestiones posteriores, todas al rebufo de una oleada de saqueo, expolio y corrupción que tienen al propio partido imputado como sujeto jurídico en un proceso penal, así como 900 cargos a título personal y al presidente del gobierno citado a declarar en el mismo proceso de corrupción del partido que también preside. 

Las declaraciones de Villarejo (las que sean verdad y las que sean mentira), son como una piedra lanzada a la ciénaga de la política española. Algo se removerá y soltará vapores fétidos, pero la ciénaga la engullirá. Es muy ancha y densa y no hay nada a salvo: el gobierno, el parlamento y el poder judicial. Los últimos nombramientos en la Audiencia Nacional hieden. De los medios no hablemos. Los hay literalmente a sueldo de los poderosos que muchas veces son delincuentes.

Por ejemplo, Ignacio González tenía 250 tuiteros pagados con fondos públicos y dedicados a embellecer su imagen y cargar contra la de los adversarios. Acumular datos de este tipo es facilísimo. Están en las portadas de todos los periódicos. Y ahora con más asiduidad y morbo porque se añaden las informaciones de Villarejo que no es precisamente Julian Assange. 

Pero no sirve de nada para aclarar la imagen general. Al contrario, la hacen más enmarañada y confusa. En un sistema político corrupto de arriba abajo como el que ha instalado el PP desde 2011 no hay nada que no esté afectado por la corrupción. Solo alguien tan inepto como Rajoy puede decir en estas circunstancias que le gustaría ser recordado como una persona honesta. El máximo responsable y presunto beneficiario de este desastre quiere que el futuro le confiera lo que el presente no le da, honestidad. Es una petición absurda por parte de quien ha cobrado sobresueldos en B siendo ministro y quien tiene a su padre atendido con cargo a fondos públicos que niega otros con igual o mayor derecho. Y, si no se la da el presente con todo lo que paga (siempre con el dinero ajeno, del que dispone como propio), menos se la dará el futuro.

España vive una crisis constitucional y otra política y moral. Mal momento, desde luego. De la hondura de la primera da idea el desconcierto de los partidos dinásticos españoles. Forman una unidad frente al independentismo catalán, pero no a cualquier precio. Tanto PSOE como PNV ponen límites a la discrecionalidad del gobierno. Nada de suspensión de autonomía y ojo con las medidas represivas. El independentismo ha ganado lo que se llama la “batalla del relato” y ahora solo queda por ver hasta dónde llevarán sus propósitos aquel por un lado y el nacionalismo español por el otro.

En parte esta crisis se alimenta de la otra, la política y moral. Entre los numerosos ceses de cargos por causas de corrupción, muy pocos se han debido a dimisiones voluntarias. Creo que ninguno, aunque puede haberse dado algún caso. La piel (esa que todos dicen que van a dejarse en su tarea) de los cargos del PP es de paquidermo. Solo dimiten cuando ya están en los tribunales. Mientras tanto, presunción de inocencia y, después, indulto. 

Eso es lo que hay y lo que la gente ve y a lo que acaba acostumbrándose. En mitad de un escándalo de corrupción y con acusaciones concretas, el PP lograba mayorías en la Comunidad de Valencia. La opinión pública, resignada, prácticamente anestesiada, ha tardado más de diez años en comprender que la corrupción es el cáncer de la democracia y en darle la importancia que tiene. 

La cloaca es el propio Estado, administrado por una banda civil y religiosa de presuntos delincuentes y, cuanto más se oculte, más se tardará en ponerle remedio. Si lo tiene.